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El principal punto de discordia entre los accionistas de Aguas Argentinas y el Gobierno es el manejo de las inversiones para expandir el servicio, en cuyo financiamiento intervendrá el Estado. Para el Gobierno es clave decidir qué, cómo y cuánto invertir (aunque a propuesta del concesionario) y para ello está dispuesto a hacer un aporte a un fondo fiduciario que tendrá como prioridad llevarle agua y cloacas a quienes no la tienen. Para la privatizada, perder la potestad de manejar íntegramente los recursos equivale a reducir su contrato a un “simple gerenciamiento”, según se quejan fuentes ligadas a ella. Página/12 accedió a las dos últimas versiones de acta acuerdo que propuso cada una de las partes, de cuya confrontación surgen sin embargo algunas coincidencias: la empresa no sólo podría mejorar su ecuación por mayores costos, sino que la Unidad de Renegociación hasta previó un ajuste adicional en la medida que mejore la capacidad de pago de la población, es decir, los salarios.
Para el Gobierno es clave la realización de las denominadas “obras primarias” para llevar el servicio a los usuarios que no lo tienen, propósito que se garantizaría a través de un fideicomiso. Según una de las últimas versiones del acuerdo propuesto por la Uniren, éste estará integrado “al menos con 120 millones de pesos anuales”, en parte aportados por el Estado nacional. Es esto lo que le daría la atribución sobre la administración de esos recursos, así como la potestad de definir las prioridades.
Aquella figura financiera –que hoy ya existe en la concesión– está acompañada por la promesa de un control más férreo en los planes de obra que se comprometa a ejecutar el concesionario, al punto que la empresa tendrá derecho a recomposiciones tarifarias en la medida que honre sus obligaciones en este sentido. Las compensaciones, sin embargo, no parecen pocas.
Según el documento oficial, la tarifa tendría una primera recomposición del 15 por ciento en enero y del 20 por ciento en julio de 2006. Pero a esto se le sumarán al menos dos revisiones ordinarias, una quinquenal y otra anual, con el propósito de cubrir eventuales mayores costos. Por si esto no fuera suficiente, se fija expresamente el criterio consagrado en otras renegociaciones contractuales como “excepcional”: si los gastos de la empresa superasen en conjunto un promedio del 5 por ciento, el ente regulador (Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios) debería autorizar un incremento compensatorio. No es todo.
Pero la Unidad de Renegociación comandada por Gustavo Simeonoff en este caso admite la singular cláusula de un aumento por “incrementos en la capacidad de pago de la población”, que se activa cuando esa mejora supera el 10 por ciento. Un llamativo parámetro, básicamente ligado a los aumentos salariales, según el desglose de la fórmula esbozada en el documento. Otro cambio de criterio impulsado por el Gobierno es el de facturar en base a “micromediciones”, es decir en base al consumo genuino de los usuarios y no por superficie.
A la sociedad liderada por la francesa Suez poco le simpatiza la intromisión estatal en la administración de recursos ligados a la concesión, amén de que aspira aplicar antes de 2006 los primeros incrementos que el Gobierno no está dispuesto a convalidar antes de las elecciones de octubre. Lo que sí, ella misma propone un desdoblamiento en la tarifa de modo tal que una parte permita cubrir “la totalidad de los costos operativos”, incluida la remuneración del operador, los impuestos, y algunas inversiones ligadas al mantenimiento (T1). El segundo tramo (T2), “no formará parte de los ingresos de la concesión y serán administrados por un fideicomiso”, asegura el texto impulsado por la empresa, admitiendo una cesión del negocio que ahora niegan sus voceros.
Las diferencias entre ambas partes surgieron claramente en otros puntos. En el último borrador oficial no figura nada acerca del préstamo de 300 millones de pesos que Aguas reclamó de un banco oficial. No hay “remuneración al operador”, ni garantías de que se la indemnizará en caso de que cambien las condiciones regulatorias, a semejanza de lo que ocurrió con la devaluación y pesificación de tarifas.
Tampoco hay coincidencias respecto a qué hacer en caso de que se aumente el capital, tal vez por la incorporación de un nuevo socio, para evitar que se licue el 10 por ciento asignado a los trabajadores a través del programa de propiedad participada. Suez propone que ese costo sea prorrateado entre los accionistas, el Estado y el propio personal, que para la Uniren debería estar exceptuado de ese esfuerzo. En nada está dicha aún la última palabra. Por el contrario, las diferencias por estas horas son motivo de encarnizados debates entre las partes.