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Entre enero de 2003 y marzo de 2005 fueron sustraídos 6300 kilómetros de cable correspondiente a las redes eléctrica y de telefonía básica, perjudicando a 2,4 millones de usuarios, según un relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Eduardo Mondino, ombudsman nacional, le reclamó al Ministerio de Economía un mayor control al respecto, sugiriendo la creación de un registro nacional de productores y exportadores de desechos de cobre y que se faculte a una autoridad competente a exigir un certificado que acredite el origen no delictivo del material.
La mencionada cifra surge de un relevamiento hecho en siete provincias y en la ciudad de Buenos Aires sobre los tendidos de electricidad y de telefonía básica. No incluye los robos que afectan a los de TV por cable, por carecer de datos completos. Según señaló la Defensoría del Pueblo, “el costo de reposición representa aproximadamente 28,3 millones de dólares que terminan pagando los usuarios de los servicios, ya que dicha reposición forma parte del componente de mantenimiento de estos servicios, incluido en la tarifa que pagan los usuarios”.
De acuerdo con el estudio hecho por la Defensoría, el robo de cables de electricidad y telefonía está íntimamente ligado a la exportación de desechos de cobre, que ascendió a 10 millones de dólares en el mismo período analizado. A partir de enero de 2003, Economía fijó un derecho del 40 por ciento a la exportación de desechos y desperdicios ferrosos, al observar el notable incremento de la salida de estos productos, al tiempo que la AFIP inició acciones judiciales sobre las operaciones sospechadas por el origen de los desechos. Tales medidas no alcanzaron para solucionar el problema, reconoce el ombudsman, a punto tal que las ventas externas de desechos de cobre han vuelto a crecer sustancialmente en el primer bimestre de este año.
De acuerdo con las denuncias recibidas en la Defensoría del Pueblo, los usuarios afectados por el robo sistemático de cables han sufrido interrupciones de hasta 90 días, por la demora en la reposición del servicio. En función de ello, Mondino elevó una recomendación al Ministerio de Economía para que, a las medidas ya adoptadas, se sume la exigencia de un certificado de origen del material en forma previa al otorgamiento del permiso de exportación. “Hasta tanto se arbitren estas nuevas medidas, (se sugiere) evaluar la suspensión transitoria de las exportaciones de desperdicios y desechos de cobre y sus aleaciones.”