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El directorio del Fondo Monetario anticipó en su último informe sobre la evolución de la economía argentina las demandas que planteará al Gobierno en las negociaciones para un nuevo acuerdo. Si se siguieran todas las recomendaciones, la Casa Rosada tendría que encontrar un buen publicista para explicar el cambio rotundo en la orientación de la política económica. Por empezar, el organismo reclama que el Banco Central deje de intervenir para sostener la cotización del dólar, en contra de la línea oficial que lo considera una prioridad. Luego elogia el superávit primario alcanzado en los últimos dos años, pero pide aumentarlo a un equivalente de 5,0 puntos del PIB entre la Nación y las provincias. En otro párrafo de su documento sostiene que la situación de las privatizadas “no es sostenible” y exige un rápido aumento de tarifas. Y finalmente sugiere profundizar la estrategia de suba de tasas de interés.
El Ministerio de Economía dijo que “todo esto es parte de un mismo discurso” y señaló que “de ahora en más comienza una lenta negociación”. Pero lo más llamativo del informe del FMI es que advierte que aunque Argentina haga todo lo que se le reclama, igualmente debería olvidarse de conseguir una refinanciación de sus vencimientos con el organismo. En lugar de ello, el Gobierno debería modificar la carta orgánica del Banco Central para permitir la utilización de las reservas para pagar los compromisos con el Fondo, además de otros vencimientos de deuda.
Todo esto lo expresaron en la revisión de la economía argentina en el marco del denominado “artículo IV”. Se trata de una auditoría que el FMI realiza cada dos años a todos sus países miembros, tengan o no un programa de asistencia financiera con la entidad.
En relación a la reestructuración de la deuda, el directorio calificó al canje como “un paso importante”. Sin embargo, afirmó que para que la Argentina emerja “completamente” y vuelva a los mercados de capitales deberá desarrollar una “estrategia a futuro para resolver los atrasos pendientes”. El pedido en favor de los acreedores que rechazaron el canje es menos directo que otras veces y parece mostrar algún grado de acuerdo con el Gobierno, que aceptó buscar un arreglo con los holdouts, pero sin poner plazos ni prometer una mejor oferta respecto de la que ya hizo.
El FMI se resiste a calificar la actual expansión económica como una etapa de crecimiento consolidada. Destaca que el país “está saliendo de un período difícil de su historia”, pero sostiene que el Gobierno debería aprovechar las condiciones actuales “para tomar medidas en varios frentes” con el fin de permitir “una recuperación sostenible”.
Una de esas reformas es en el terreno fiscal. El organismo “instó a las autoridades a tomar medidas para alcanzar un superávit fiscal primario mayor” al 3,8 por ciento previsto en el Presupuesto para este año. Debería alcanzar “un nivel cercano al obtenido en 2004, de 5,1 por ciento del PIB”. Esa cuenta incluye a la Nación y a las provincias, con aportes de 3,9 y 1,2 por ciento, respectivamente. El Fondo volvió sobre una de sus obsesiones: la situación fiscal de las provincias. A pesar de su superávit actual, el directorio planteó que deben realizarse “reformas estructurales” para que la Nación pueda determinar “restricciones más vinculantes en el gasto y en el endeudamiento de las provincias”.
El pedido de un mayor superávit va acompañado de un planteo para “eliminar los impuestos distorsivos sobre las exportaciones y las transacciones financieras”.
En el plano monetario, solicitaron un aumento “adicional” de las tasas de interés para contener el alza de precios y “una menor intervención” del Banco Central para sostener el tipo de cambio. “Algunos directores –dice el documento– alertaron por los efectos inflacionarios” de esta última medida. Por último, para completar la receta conocida, indicaron que deben alcanzarse rápidos acuerdos con las privatizadas que “garanticen un rendimiento económico apropiado e inversiones futuras adecuadas”.