ECONOMíA › CAYO LA TITULAR DE UNA “USINA DE FACTURAS TRUCHAS”
Los caza-empresas fantasma
El juez penal económico Julio Speroni ordenó la detención de la presunta jefa de una asociación ilícita dedicada a la creación de empresas fantasma, que a su vez actuaban como proveedoras ficticias de grandes firmas de renombre. Se trata de Silvia Hernández, quien operaba como socia de su ex esposo, Roberto Viazzo, ahora con carácter de prófugo; aquel magistrado impartió ayer orden de captura en su contra por no haberse presentado al pedido de declaración indagatoria.
La información fue difundida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se embarca en el expediente conocido como “megacausa”, una investigación que involucra a empresas de primer nivel y de distintos rubros, desde el bancario hasta el supermercadista, pasando por reconocidas productoras de televisión y agencias de publicidad.
Hernández y Viazzo están calificados como jefes y organizadores de una asociación ilícita dedicada a la creación de empresas fantasma, que posibilitó la evasión de impuestos de más de 2 mil contribuyentes, según precisa el comunicado oficial difundido ayer. En rigor, ese número había crecido llamativamente desde que hace tres años se inició la causa, ya que por entonces los compradoras de facturas “truchas” llegaban a 600.
La operatoria promovida por la presunta asociación ilícita es la de vender facturas de empresas que en realidad no existen y cobrar por ello una comisión que, en muchas usinas de este tipo, está estandarizada en el 5 por ciento. Con esos documentos, las compradoras tributan menos IVA y Ganancias. En el primer caso, porque utilizan para hacer una compensación ficticia el impuesto que en realidad jamás pagaron contra el que cobraron por sus ventas. En el segundo, porque inflan costos, lo que va en detrimento de sus utilidades.
La causa a cargo de Speroni tuvo ayer un avance importante al quedar detenida Silvia Hernández, lo que presumiblemente también ocurriría con su ex marido, Roberto Viazzo. Para llegar hasta aquí, la Justicia –a instancias de la denuncia formulada por la AFIP– dispuso alrededor de doscientos allanamientos, operativos que también fueron realizados en el marco de otros tantos expedientes abiertos por facturas apócrifas, modalidad por cierto bastante difundida.