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Los recientes fallos de la Corte Suprema ratificando el derecho al 82 por ciento móvil en las jubilaciones de docentes y diplomáticos de carrera, junto a los rumores de que también existirán resoluciones a favor de investigadores científicos y empleados judiciales, preocupan al Gobierno. Ayer, el titular de la Anses, Sergio Massa, hizo un llamado a la “responsabilidad”. Y advirtió que cualquier decisión que suponga aumentos para los pasivos debe ser acompañada por la determinación de cómo financiarlos en el tiempo. Según el funcionario, si se quisiera extender la movilidad atada al salario de la totalidad de las jubilaciones hoy no se podría financiar, y en todo caso debería hacerse una reforma previsional que modifique la implementada por Cavallo en el ’95.
Los fallos de la Corte ratificaron resoluciones judiciales que reestablecían las retribuciones de 85 por ciento “móvil” en el caso del personal superior del Servicio Exterior, la semana pasada, y de 82 por ciento, también móvil, en el caso de los docentes, dos semanas atrás. Esto significa que los beneficiarios deben cobrar el 82 u 85 por ciento –según el régimen– de su último salario. Pero además el haber jubilatorio debe ser móvil; es decir que se ajustará en forma automática con el nivel de retribuciones que reciben los trabajadores activos.
“No se puede pensar en un esquema que cambie la lógica del sistema de seguridad social sin resolver también con qué se va a financiar”, advirtió Massa. “Las reformas en seguridad social impactan en los próximos 10 o 20 años, no en lo inmediato, y hay que ser responsables a la hora de tomar estas decisiones porque el largo plazo debe ser medido en el conjunto de la sociedad y no sólo en el grupo al que se le resuelve el problema”, reflexionó.
No obstante, el funcionario evaluó que los fallos de la Corte plantean una “situación nueva desde el punto de vista jurídico, vinculada con casos particulares pero que tiene que ver con un nuevo pensamiento jurídico, que cambia centralmente el pensamiento de la vieja mayoría automática” que se limitaba a convalidar las decisiones tomadas desde el Poder Ejecutivo.
Massa consideró que el alto tribunal, por ahora, “se expresó sobre regímenes especiales”, por lo que habrá que esperar para “ver cómo impacta sobre el régimen de la ley general” y si “se puede mantener económicamente el sistema en el cual la jubilación sustituye al salario”.
El funcionario rechazó también las declaraciones de ex funcionarios de la década del ’90 que advirtieron sobre la amenaza que pende sobre el Estado de juicios por 10.000 millones de pesos (ver aparte).
Los recientes fallos de la Corte cuestionaron la norma sancionada por el Congreso en 1995, mal llamada “ley de solidaridad previsional”, que eliminó tanto la movilidad como la posibilidad de que se fijen jubilaciones como porcentaje de los salarios. Desde ese entonces la Anses comenzó a ignorar los derechos emergentes de los llamados regímenes especiales y pasó a jubilar a docentes y diplomáticos, entre otros, bajo la ley general. Este año, el Gobierno reconoció el 82 por ciento para la jubilación docente y el 85 por ciento para los investigadores, pero no la movilidad. Según dictaminó ahora la Corte en estos casos, dichos regímenes especiales nunca quedaron derogados, incluida la movilidad.
El temor del Gobierno es que los mismos argumentos que se utilizaron para los regímenes de docentes y el personal superior del Servicio Exterior se hagan extensivos a todos los regímenes considerados especiales, lo que provocaría obligaciones a la Anses que no estaban previstas en el Presupuesto. A la cabeza de la lista de próximos beneficiarios se encuentran los investigadores científicos, incluidos docentes universitarios de dedicación exclusiva, que de acuerdo con una ley de 1983 también podrían recuperar el 85 por ciento móvil.
Pero el verdadero problema, por su potencial impacto en el gasto, se produciría en el caso de los empleados públicos, quienes gozaron del 82 por ciento móvil hasta diciembre de 2001. Los ya jubilados a esa fecha conservaron el 82 por ciento y a los nuevos se los jubiló con el 70 por ciento. Sin embargo, la movilidad quedó en el recuerdo, derogada de hecho, y las jubilaciones congeladas. El problema para la Anses es que ya existen fallos de primera y segunda instancia que recuperan la movilidad, fallos que fueron apelados y ahora deberán ser resueltos por la Corte.