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La Justicia de Santa Fe dictó uno de los fallos más duros por evasión impositiva de los últimos tiempos. El presidente de una empresa avícola fue condenado por la Justicia federal santafesina a cinco años y 10 meses de prisión por evasión y apropiación indebida de tributos por un valor aproximado de cuatro millones y medio de pesos. La sentencia fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal de dicha provincia, quien halló al presidente del directorio de la empresa Avícola Humboldt, Carlos Eusebio Müller, culpable de los delitos de evasión simple y agravada y apropiación indebida de tributos.
Las fuentes dijeron que el monto de la evasión superó los 4,5 millones de pesos y explicaron que la causa se inició en 1995, cuando la AFIP Santa Fe realizó allanamientos en la empresa a partir de denuncias por evasión fiscal. En 1998 nuevos allanamientos en la firma derivaron en otra denuncia, que recayó en el Juzgado Federal Nº1, en el marco de la cual le atribuyó a la empresa los delitos de evasión agravada de impuestos, retención de IVA no ingresado y falsificación de documentos públicos.
El juez federal Reynaldo Rodríguez decidió procesar por esos delitos a los dos titulares de la firma, Carlos Eusebio Müller y Liliana Beatriz Rohrmann de Müller, mientras que un tercer involucrado, Carlos Andrés Ovejero, que era contador de la firma, se encuentra prófugo desde 1998.
Superada la primera instancia, la causa pasó a manos del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que el pasado martes 23 comenzó el juicio oral.
Ahora, los integrantes del Tribunal Oral Federal Ramiro Puyol, José María Escobar Cello y María Ivón Vella condenaron a Müller a 5 años y 10 meses de prisión por evasión y apropiación de tributos, aunque lo absolvieron del delito de utilización de instrumento público falso. En tanto, la otra procesada, Liliana de Müller, fue absuelta de todos los cargos.
El año pasado se realizaron, 17 allanamientos. Con esta medida la Justicia intentó probar un vaciamiento de capitales por parte de Avícola Humboldt. Dos de los allanamientos se realizaron en la ciudad de Santa Fe y derivaron en el inicio de otra causa, a cargo del Juzgado Federal Nº2, donde hay 15 personas procesadas. Según voceros judiciales, el vaciamiento superaría los 23 millones de pesos, monto que habría sido desviado hacia firmas argentinas y uruguayas que también son investigadas por la Justicia.