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Hay un “jubilado” que, a diferencia del resto, consiguió este año un aumento del 32 por ciento en su pensión: hasta marzo último cobraba apenas 11.647 pesos, pero desde abril recibe mensualmente 15.401 pesos. Dicho privilegiado se llama Reynaldo Benito Bignone. Al último dictador de la Argentina, procesado por una causa de robo de bebés, el Estado le paga una pensión graciable como ex presidente de facto, en base a una derogada ley de la época de otro dictador, Juan Carlos Onganía. Para colmo, ese haber es móvil, beneficio del que, desde la reforma previsional de mediados de los noventa, no goza la mayoría de los jubilados legítimos.
La historia del haber jubilatorio de Bignone muestra cabalmente al llamado “Estado bobo”, que premia a quienes usurparon el poder y deja desamparados a 3 millones de jubilados, que aportaron durante toda su vida laboral para hoy no llegar siquiera a comprar la canasta de la pobreza.
Bignone (L.E. 4.778.986) empezó a cobrar una pensión graciable en diciembre de 1990, un mes después de haber gestionado el beneficio ante la ex Dirección General de Protección Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. El mencionado organismo acordó la prestación mensual conforme a la ley 16.989, aprobada en 1966, bajo la dictadura de Onganía. Dicha norma disponía: “... los ciudadanos que hayan ejercido la presidencia o vicepresidencia de la Nación gozarán de una asignación mensual móvil, vitalicia e inembargable, cuyo haber será para los primeros igual a la suma que por todo concepto corresponda como sueldo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación...”.
Aquella ley fue derogada al año siguiente de que Bignone recibiera su pensión y reemplazada por la ley 24.018, que estableció que la pensión graciable para ex presidente sólo correspondía a ex mandatarios “constitucionales”. Pero ya era tarde: el dictador se había salido con la suya.
Según los registros de la Anses, hasta marzo de este año, Bignone percibió un haber mensual de 11.647 pesos, pero a partir de abril esa suma se incrementó generosamente. Como consecuencia del ajuste de sueldos que dictaminó la Corte Suprema para la jueces, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, determinó que el beneficio debía elevarse a 15.401 pesos, un 32 por ciento más. Más aún, como dicho aumento correspondía a partir del mes de enero, el mismo organismo ordenó liquidar el retroactivo por las diferencias resultantes por un monto total de 25.131 pesos, que el dictador embolsó en efectivo.
Por orden del titular de la Anses, Sergio Massa, su Departamento Jurídico trató de articular en el pasado alguna estrategia jurídica que frenara el abuso que significa la superjubilación de Bignone. Sin embargo, los abogados oficiales hasta ahora siempre encontraron la misma respuesta de la Justicia: el “derecho adquirido” del dictador, procesado por la apropiación de menores, no puede avasallarse.
Esa situación contrasta con los derechos de 2,5 millones de jubilados –el 70 por ciento del total– que hoy perciben 390 pesos mensuales, algunos pesos más que la canasta de la indigencia. O con los derechos de 900 mil pasivos, cuyo poder adquisitivo se derrumbó desde la devaluación: ya sea porque desde entonces sus remuneraciones sólo se ajustaron un 10 por ciento; o, como en el caso de los que cobran más de 1000, porque todavía mantienen sus haberes congelados.