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Después de 15 años de controversia legislativa, y de más de cien años de vigencia, fue derogada anoche la Ley de Patronato de la Infancia, reemplazada por la de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, considerada de las más avanzadas en la materia. “Esto es motivo de celebración por parte de la sociedad, porque se puso fin a las viejas prácticas tutelares y de ahora en más los niños serán sujetos de derecho”, dijo a Página/12 Jorge Pizarro, titular de Unicef Argentina. En lo esencial, la nueva norma deja sin efecto de ahora en más una antiquísima ley que les otorga atribuciones ilimitadas a los jueces de menores para decidir la internación de niños con fines asistenciales. Eso los aleja de su familia y los somete a un tratamiento igual al de un menor que comete un delito grave, lo que significa una forma frecuente de “judicialización de la pobreza”. Para la presidenta del Consejo de los Derechos de Niños y Adolescentes porteño, María Elena Nadeo, es “un avance histórico”, porque abre “una nueva perspectiva” para “unos diez o quince mil chicos” que están institucionalizados en todo el país.
La ley, que tenía la media sanción de la Cámara de Senadores, fue aprobada en Diputados en medio de una disputa política entre duhaldistas y kirchneristas (ver pág. 5). En 90 días la norma debe ser reglamentada y el Estado tendrá que disponer el dinero para encarar una reforma que es de fondo, si la nueva ley se aplica en todos sus puntos. Daniela Zulcovsky, de la comisión directiva del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, consideró que la sanción es “un logro importantísimo”. De todos modos, Zulcovsky estimó “posible” que algunos sectores se presenten ante la Justicia para plantear “la inconstitucionalidad de la ley, tal como lo aseguró Atilio Alvarez”, ex titular del Consejo Nacional del Menor, hoy procesado por supuestas irregularidades durante su gestión en ese organismo.
Nadeo consideró que la nueva ley es un “avance histórico en la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, porque en primer lugar garantiza no incluir en el circuito de la Justicia del menor a los temas de índole social o asistencial”. En ese sentido, la ley expresa que “los organismos de políticas públicas y de protección de los derechos del Niño serán los encargados de resolver las cuestiones sociales”. El segundo punto importante, opinó Nadeo, es que se establece que “los chicos privados de su medio familiar, por distintos motivos, entre ellos por situaciones de violencia familiar, en ningún momento pueden ser privados de su libertad” derivándolos a institutos de menores.
“Es muy importante que se diga que esos chicos, en ningún caso, deben ser llevados a institutos cerrados. Eso está expresamente prohibido y los niños deben ser albergados en hogares convivenciales de puertas abiertas”, insistió Nadeo. “El tercer punto importante es que se reconvierte al viejo Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en un Consejo Federal para el diseño y monitoreo de las políticas públicas.” Nadeo consideró central que se haya derogado “la vieja Ley Agote (de Patronato), para impulsar la creación, en cada provincia y municipios, de servicios de protección y defensa de los derechos de los chicos”.
La ley, una vez que se reglamente, tendrá competencia para ser aplicada sobre todos los chicos que están hoy internados en instituciones cerradas, para poder analizar caso por caso. En la Capital Federal son 450 los menores alojados en instituciones cerradas, mientras que en la provincia de Buenos Aires el número podría llegar “a unos 1000 o 1200 chicos”, estimó una fuente oficial. Nadeo calculó que son “entre diez y quince mil” los chicos institucionalizados en todo el país. Jorge Pizarro, el titular de Unicef Argentina, sostuvo que la reforma “beneficia al 35 por ciento de la población, es decir a todos los menores de 18 años” que hoy están expuestos a la aplicación de la Ley de Patronato.
“La aprobación de la nueva ley salda una deuda de 15 años que tenía el Parlamento y corona con éxito el esfuerzo de muchas organizaciones de la sociedad civil”, destacó Pizarro. Daniela Zulcovsky sostuvo que el “abrazo al Congreso”, realizado a mediados de este mes, fue “un buen modo de presionar para que de una vez se votara la ley”. Zulcovsky destacó el trabajo de algunos legisladores, entre ellos los del bloque socialista y el ARI. Ayer, en el recinto, Hilda “Chiche” Duhalde se adjudicó un triunfo que no es suyo: “Es una ley de mi autoría”, aseguró muy convencida. Olvidó que su proyecto original, similar a la ley derogada, fue dado vuelta por el Senado, que no dejó rastro del texto ideado por ella.