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A partir del 1º de febrero de 2006, Aguas Argentinas dejará de hacerse responsable por el servicio de agua y cloacas en la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Cualquier problema que surja desde ese momento, en pleno verano, cuando de por sí suele haber dificultades por el fuerte aumento de la demanda de agua potable, deberá ser asumido por el Estado. Así lo advierte la empresa en la comunicación oficial que envió al Gobierno para pedir la rescisión del contrato, a la que tuvo acceso Página/12. La nota ingresó a la Subsecretaría de Recursos Hídricos el lunes pasado y lleva las firmas del presidente de la compañía, Yves Thibault de Silguy, y de su director general, Jean Bernard Lemire.
La presentación del documento formaliza el proceso de ruptura de la concesión. La empresa culpa al Estado por esa situación y lo hace responsable por todas las consecuencias que derivan de ello. Aguas Argentinas, a su vez, se considera liberada de cualquier obligación. Lo único que acepta es seguir al frente del servicio por 90 días hábiles, tal como lo exige el artículo del marco regulatorio en el cual se ampara para pedir la anulación del contrato.
Otro punto saliente de la comunicación es el pedido al Gobierno para que le reintegre los 150 millones de pesos de garantías por el cumplimiento del contrato. El dinero se encuentra bajo custodia bancaria y de la compañía de seguros Zurich. Sobre esta cuestión hay una polémica previa, debido a que la Subsecretaría de Recursos Hídricos accedió a pesificar esos avales, ante un pedido de la empresa, y ahora el dinero no alcanza para cubrir los juicios que las asociaciones de usuarios iniciaron a Aguas Argentinas por sus deficiencias en la prestación del servicio.
La compañía, lejos de entrar en ese debate, advierte que enviará una nota “a las entidades emisoras de los distintos documentos de garantía” para informarles los términos de la finalización de la concesión. Como la culpa es del Estado, según la operadora, “se tornará improcedente cualquier acción respecto de la garantía aludida”.
El documento hace una breve reseña del intrincado proceso de renegociación del contrato que se inició tras la devaluación. La empresa argumenta que la salida del uno a uno la puso “en un estado de quiebra técnico y económico”, que ya era insostenible. “A la fecha no ha habido ninguna propuesta idónea por parte del concedente (el Estado) tendiente a restablecer el equilibrio económico y financiero en forma definitiva”, afirma. “Ante tales hechos –concluye–, es razonablemente imposible continuar con la prestación del servicio público en condiciones de calidad y seguridad adecuada.”
El último párrafo de ese capítulo dice textualmente: “La conducta asumida por el Estado Nacional no deja otra opción a esta concesionaria que cursar la intimación de rescisión por culpa del concedente”. El punto siguiente es la solicitud de “la restitución de la garantías”. Y luego hace referencia al proceso de desvinculación del servicio. Aguas Argentinas reclama que el Gobierno reasuma la operación “en el menor plazo posible”. Pero luego advierte que el tiempo máximo durante el cual la empresa está dispuesta a quedarse son 90 días hábiles. “Durante este período de transición, Aguas Argentinas adoptará todos los recaudos para garantizar la prestación del servicio”.
La empresa comunicó informalmente al Gobierno que está dispuesta a negociar cómo será la salida de operaciones e, incluso, ofreció quedarse más allá del plazo estipulado –según su interpretación– en el marco regulatorio. Pero legalmente intenta cubrirse por lo que pueda ocurrir más allá de los 90 días hábiles. Es por ello que, a partir del 1º de febrero, si el Estado se “demora” en asumir el control de la prestación, “el concesionario quedará eximido de responsabilidad”. Además, Aguas Argentinas “procederá a consignar judicialmente el servicio y los bienes afectados al mismo”. Es decir, exigirá por vía judicial que el Gobierno se haga cargo de proveer aguas y atender las cloacas. El último punto del documento plantea que Aguas Argentinas se reserva el derecho de continuar sus reclamos “en el marco del arbitraje internacional que tramita ante el Ciadi, al amparo de los tratados de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”.
El Gobierno rechazará la versión de la empresa. Por empezar, no aceptará que la anulación del contrato sea por responsabilidad estatal, sino que dirá que es de la compañía. Además, se opondrá al plazo de 90 días hábiles para abandonar la concesión y exigirá que permanezca un año. En cuanto a las garantías, tiene pensado ejecutarlas para cobrarse las multas impagas, por 38 millones de pesos, y cubrir gastos por el proceso de transferencia. Aguas Argentinas dio su versión. Si no hay un arreglo de último momento, se largará la batalla judicial.