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Hay un único punto donde los petroleros coinciden a pleno con el diagnóstico oficial, incluyendo la visión del titular de Enarsa, Exequiel Espinosa: la magra perspectiva de las reservas hidrocarburíferas argentinas, de poco más de nueve años para el petróleo y diez para el gas, sólo pueden revertirse con millonarias inversiones. La diferencias surgen en las condiciones para hacerlas. Las empresas reclaman prórroga en las concesiones de las áreas que explotan, entre otras prerrogativas, mientras que el funcionario les espetó que los 35 dólares el barril que cobran “es un gran valor para la Argentina”, más que suficiente para hacer la exploración que omitieron estos años.
Ambas visiones quedaron expuestas ayer durante una mesa de discusión del Segundo Foro Internacional de Energía. El organizador y director de Petrobrás, Oscar Vicente, recomendó considerar la merma de reservas como un “tema prioritario”, precisando en números la envergadura del derrape. 1) La producción de petróleo disminuyó un 17,3 por ciento entre 1998 y 2004 y la productividad por pozo bajó de 10 m3 día/pozo a sólo 6,5; 2) entre el 2000 y el 2004, las reservas de gas cayeron un 28 por ciento y, con el creciente nivel de demanda actual, alcanzan sólo para una década.
Para colmo de males, según subrayó el otrora ejecutivo Pérez Companc, la geología argentina es de “limitado interés para los inversores internacionales”, cuando se la compara con otros países del mundo, cuyos subsuelos son a priori más prometedores. Por el contrario, apenas el 3 por ciento de las cuencas sedimentarias locales pueden calificarse como de “bajo riesgo”. ¿Qué animaría entonces a las empresas a asumirlo?
Para Vicente, como para otros ejecutivos que expusieron en el foro, entre las condiciones claves está que las actuales concesiones –cuyo plazo expira entre el 2016 y 2017– se extiendan hasta el agotamiento de las reservas, que la Nación centralice las decisiones sobre el tema en detrimento de las provincias y que haya estímulos especiales para las áreas de alto riesgo (es decir, para casi todas). Alberto Gil, de Pan American, añadió otras recomendaciones al Estado como “moderar la conflictividad social” o “mediar en las pujas distributivas”.
El presidente de la estatal Enarsa admitió que el Gobierno debería corregir el proyecto de ley de promoción de inversiones en hidrocarburos para premiar con estímulos adicionales a quienes tomen riesgo en áreas más difíciles. Pero aportó una perspectiva diferente sobre el problema de las menguantes reservas. “A pesar de que desde 1998 se recuperó el precio del crudo, no hubo exploración, aunque la explotación sí siguió la línea ascendente.” En otros términos, con el estímulo de precios en alza, las productoras se dedicaron a aprovechar los pozos activos pero no arriesgaron ni un billete a rastrear el subsuelo.
Quizás algo de esto se subsane con la irrupción de Enarsa asociada a alguna petrolera del exterior con la que intentaría una búsqueda on y off shore. Según se esperanza Espinosa, en un par de meses se terminaría de analizar la información disponible sobre el subsuelo marino y se podría convocar a los potenciales socios a distinguir en una short list.
Para definir la ecuación de esos negocios habrá que ver cómo tallan las retenciones. Los petroleros las señalan como un desestímulo poderosísimo, algo con lo que Espinosa disiente: “Con 18 dólares el barril estamos justos, pero 35 es un gran valor para la Argentina”, señaló. Vicente casi acompañó, justificando la filosofía del gravamen: “Cuando se producen diferencias extraordinarias no hay país del mundo que no trate de capturarlas”, afirmó.