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Las denuncias cruzadas de clientelismo entre duhaldistas y kirchneristas se convirtieron en tema obligado de los discursos de campaña. “Yo no conozco ninguna denuncia, pero si conociera algo, lo denuncio”, dijo ayer el propio Presidente durante un acto en Lomas de Zamora. La cuestión salió a la luz luego de que vecinos de Florencio Varela y La Plata revelaran que habían recibido cheques del Senado bonaerense, que controla el duhaldismo, o artefactos domésticos como cocinas y lavarropas, en este caso entregados por el Ministerio de Desarrollo Social. El asunto impulsó a varios dirigentes a denunciar prácticas clientelares y el bloque del ARI hasta pidió la interpelación de la ministra Alicia Kirchner.
La cuestión generó una controversia pública en la que participaron Chiche Duhalde, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior. También destapó un debate sobre los usos, urgencias y oportunidades de la asistencia social en un país con tanta pobreza extrema. A partir de los testimonios que se difundieron en los últimos días, una de las funciones del Ministerio de Desarrollo Social –la asistencia directa a indigentes– quedó bajo sospecha. También quedó bajo la lupa la potestad del Senado bonaerense de conceder subsidios, autorizada por ley.
La acusación más fuerte la hizo el ARI, que reclamó que Alicia Kirchner comparezca en el Congreso. Por el Gobierno contestó Alberto Fernández. “Es muy penoso que cuando el Estado presta ayuda a los que la necesitan se crea que es electoralista. Lo hemos hecho en absoluto silencio desde el primer día”, replicó. El ministro del Interior, Aníbal Fernandez, desacreditó las denuncias con una frase: “Es una gansada fenomenal.” Desde el duhaldismo, Chiche Duhalde dijo que “no está de acuerdo” con esas prácticas y exigió que no la involucren a ella ni a su marido.
Las denuncias apuntaban a la entrega de artefactos domésticos. Esa función la cumple la Dirección de Asistencia Comunitaria, a cargo de Jorge Ceballos, quien se encuentra en Venezuela. La metodología de trabajo consiste en recibir pedidos –llegan por carta o en forma personal– y después enviar un trabajador social para evaluar la veracidad y urgencia de la solicitud. Se hace asistencialismo, aunque en el ministerio aseguran que es “imprescindible” que el Estado cumpla con esa función.
Lo que está en duda es si la entrega se hace a cambio de algo. Y si se favorece o no las simpatías partidarias. “Desde esta dirección no hacemos ningún tipo de discriminación”, aclararon desde el sector de Ceballos. La candidata de Unión por Todos, Patricia Bullrich, asegura que sí hay discriminación: ayer dijo que jóvenes de su partido filmaron en la villa 31 a “familias de agrupaciones piqueteras como Barrios de Pie” que recibían “muebles y electrodomésticos” mientras que a otras familias “no les daban nada y lloraban indignadas”. “Es una mentira total. No acostumbramos hacer ese tipo de política. Queremos que la gente se organice”, contestó Tito Borovio, referente de Barrios de Pie.
Otra de las denuncias señaló a la vicegobernadora Graciela Giannettasio, duhaldista, por el pago de cheques de 300 y 400 pesos. “No hay ninguna relación entre la campaña y los subsidios que entrega el Senado”, dijo un colaborador de Giannettasio. El problema, quizás, sea la coincidencia del cronograma electoral con políticas sociales que ya estaban en curso pero que, por esa simultaneidad, quedan bajo un manto de sospecha. Un ejemplo puede ser la aceleración de ciertos programas, como el de alfabetización o el de promotores territoriales para el cambio social (de un contenido renovador comparado con lo que se hizo hasta ahora), a los que se buscó hacer coincidir con el tramo final de la campaña.