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El 28 de noviembre el Banco Mundial prevé difundir un estudio en el que se asegura que la recuperación que gozó la economía argentina en los últimos dos años tuvo un sesgo “pro pobre” o, en otros términos, que ayudó al combate de la pobreza. El resultado de este análisis técnico tiene varios puntos controvertidos, que prometen estimular el debate académico y político, empezando por el hecho de que aquella mejoría, en parte, está promovida por el efecto de los Planes Jefas y Jefes de Hogar, a cuyo financiamiento la entidad contribuye, a pesar de sus propias críticas a la falta de transparencia en la asignación de esos beneficios.
El análisis bancomundialista sobre las benéficas consecuencias de la reactivación local se guarda celosamente hasta la fecha formal de su difusión. Pero altas fuentes de la entidad aseguraron a este diario que para fin del mes próximo, se dará a conocer ese trabajo con todos sus detalles, desnudando una realidad que contraría una de las críticas más reiteradas a la política económica oficial: que el repunte de los indicadores macroeconómicos no se ha traducido en una mejora genuina en la distribución de la riqueza.
Para juzgar la evolución de los ingresos de los argentinos en la etapa post-crisis y su ubicación por encima o debajo de la línea de pobreza, los economistas del Banco consideraron como parte de los ingresos reales y regulares los 150 pesos del Plan Jefas y Jefes de Hogar, en rigor, concebido como un paliativo de emergencia y por consiguiente, transitorio. Este hecho puede resultar tan controvertido como la consideración de sus beneficiarios en la categoría de “ocupados”, tal como los consigna la Encuesta Permanente de Hogares a la hora de medir la desocupación.
Justamente, el último análisis del Banco sobre la ejecución de aquel programa asistencial, realizado en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y del Ministerio de Trabajo, puso de relieve que “una gran proporción de los participantes (beneficiarios) fueron mujeres que, de otro modo, no hubieran estado en la fuerza laboral”. En otros términos: el programa ayudó más al combate de la indigencia y la pobreza, en este orden, que a solucionar problemas de empleo. A juicio del Banco, sin este auxilio, un 10 por ciento de los beneficiarios indirectos se hubieran transformado en indigentes.
Ese mismo trabajo, titulado Protección Social en la crisis: el Plan Jefas y Jefes de Hogar en la Argentina, puso de relieve otro aspecto aún más vidrioso de esa herramienta. Según el texto, “un tercio de los que recibían el programa no cumplían los aspectos de elegibilidad”. Una digresión que, sin apoyo estadístico, denunció en más de una ocasión Cáritas, al puntualizar que había miles de argentinos calificables para percibir el beneficio, pero que estaban excluidos del padrón.
Si bien el aludido análisis está acotado a los primeros años de instrumentación del Jefas y Jefes –ahora en plena reconversión hacia el Plan Familias– algunos de estos vicios asociados al prorrateo clientelístico de los beneficios no habrían sido erradicados totalmente. Tanto es así que hoy la entidad tiene demorado un desembolso de 250 millones de dólares para el costeo de este programa, debido a falencias en la asignación de planes detectadas en La Matanza. “Estamos trabajando con el gobierno argentino para corregirlo. Estas cosas son normales: en todos los países hay problemas de irregularidades”, minimizó ante Página/12 Axel Von Trotsemburg, subdirector regional del Banco para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
La búsqueda de mayor transparencia en el manejo de los recursos que presta el Banco es uno de los principios más defendidos por la entidad que preside uno de los adláteres de George W. Bush en materia de seguridad, Paul Wolfowicz. El otro principio proclamado es el que sostiene que para la prosperidad económica de un país no basta con crecer, sino que es necesario repartir mejor la riqueza.
Esta idea está muy fundada en el reciente Informe sobre el desarrollo mundial 2006, Equidad y Desarrollo, que subraya los problemas de la desigualdad de oportunidades entre individuos y naciones. Pero allí mismo hay pautas de políticas económicas, incongruentes con esos postulados progresistas. Entre ellas, que las naciones en desarrollo deben evitar “altos impuestos sobre la renta” y, en todo caso, “utilizar una base imponible amplia, especialmente para los impuestos sobre el consumo”. Casi una descripción del regresivo esquema argentino, magro en la recaudación de Ganancias y con un alto IVA, de fuerte impacto en los pobres.