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“El deterioro ya está en marcha”, advierte el presidente de Edenor, en alusión al previsible derrumbe en la calidad del servicio eléctrico que los usuarios capitalinos y bonaerenses comenzarán a sufrir en el corto plazo. Aunque sus directivos sean menos frontales que Francisco Ponasso, titular de la distribuidora norteña, idéntico panorama prevé el resto de las prestadoras de servicios públicos, que ante el congelamiento tarifario optaron por frenar toda inversión. Mientras se gestan los futuros apagones, la probable escasez de carburantes, y se precariza la atención comercial, el Gobierno no consigue, siquiera, armar la comisión oficial encargada de definir los nuevos cuadros tarifarios.
Antes de la devaluación, Edenor proyectaba invertir durante este año 130 millones de pesos, entonces equivalentes a la misma cantidad de dólares. Después de la pesificación compulsiva de las tarifas –que por contrato debían seguir la evolución de la divisa norteamericana– la distribuidora en manos de Electricité de France resolvió restringir los desembolsos a unas pocas obras de seguridad o para atender los excepcionales reclamos de expansión de la red. El resultado: con suerte, durante 2002 destinará a inversiones magros 15 millones de pesos.
Es apenas un ejemplo de lo que se repite en el resto de las empresas, con la previsible consecuencia de una menor calidad en la prestación. Metrogas, que durante los ocho primeros años destinó 800 millones de pesos a inversiones para mejorar la calidad de la red, este año no pondrá una moneda para este fin. Así, admite que cualquier usuario que deba discutir una factura tendrá que someterse a penosos trámites en las oficinas comerciales, que ya no aumentará el personal por más demanda que hubiere.
El proceso de desinversión es una política que las empresas aplican de facto, consentida por la administración duhaldista. Entre otras cuestiones, porque la comisión oficial encargada de revisar cada tarifa para adaptarla a la realidad posdevaluación, es una cáscara vacía, sin conducción formal, ni miembros que hayan tomado contacto entre sí.
Hace pocas horas, Miguel Sanguineti comenzó a llamar a los secretarios del Poder Ejecutivo que integran ese cuerpo negociador identificándose como su nuevo coordinador técnico, en reemplazo de José Barbero, quien fue desplazado con el advenimiento de Roberto Lavagna. Sin embargo, el flamante conductor es un hombre cercano a Jorge Remes Lenicov y a quien era su secretario Legal y Técnico, Eduardo Ratti.
Esta confusión de lealtades prueba la falta de criterio oficial para resolver un tema tan sensible como el de las tarifas públicas, al punto que ni siquiera hay acuerdo interno sobre cuál es el alcance de la revisión de precios que pretende encarar el Gobierno. En decir, si la comisión sólo permitirá aumentos para una etapa “de emergencia” o desmenuzará los contratos de concesión para renegociarlos íntegramente.
Días atrás, Lavagna envió una nota a todos los secretarios de su cartera advirtiéndoles que el único habilitado a tratar en público el tema de tarifas públicas es el propio ministro de Economía. Fue luego de que en un encuentro con la prensa, nada menos que el viceministro Enrique Devoto sugiriese que durante junio se podrían autorizar subas del la luz y el gas. Sucede que cualquier decisión en este sentido está supeditada a cómo se resuelva la negociación con el Fondo Monetario Internacional y, en gran medida, al futuro del dólar.
Cada empresa ya planteó ante aquella comisión cuánto la habría afectado la depreciación del peso, pero ninguna precisó el aumento pretendido, quizás por temor a basar sus aspiraciones en un dólar muy bajo. Todas admiten que es impensable un ajuste acorde a la escalada del billete verde y, por ello, que la anhelada compensación debe venir por el permiso para invertir menos, aunque la calidad de los servicios se haga trizas.