El Congreso avanzó con una reforma a la ley de lavado de dinero, en respuesta a una solicitud del organismo internacional que combate esas prácticas, el Gafi (Grupo de Acción Financiera). El cambio principal es el levantamiento del secreto bancario, bursátil y profesional para denunciar posibles operaciones delictivas. También se acorta a treinta días el plazo para que la Justicia resuelva si la AFIP puede o no entregar información que requieran los investigadores.

El Gafi responde políticamente al gobierno de Estados Unidos. El presidente de la entidad, Kader Asmal, y su secretario ejecutivo, Alain Demais, llegarán mañana a Buenos Aires para corroborar si Argentina realizó los cambios a la normativa pedidos por ellos. El país se comprometió a hacerlos en su carácter de asociado al organismo, y el incumplimiento podría valerle una mala nota. Para no pasar por esa situación, la Cámara de Diputados reflotó el tema y ayer emitió los dictámenes de comisión necesarios para que el proyecto pueda votarse en el recinto.

Las modificaciones están en danza desde hace un año. La Cámara baja las aprobó en marzo de 2005, también unos días antes del arribo de una delegación del Gafi. Meses más tarde, en noviembre, el Senado sancionó la reforma pero con correcciones a algunos artículos, por lo que el proyecto volvió a Diputados. Allí quedó sin que nadie se acordara del tema hasta que el organismo internacional anunció su inminente visita. Ayer, las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Finanzas analizaron la iniciativa y dieron dictamen favorable a los cambios de la Cámara alta. Ahora la reforma a la ley se aprobaría definitivamente la próxima semana o, a más tardar, la siguiente.

El oficialismo sacó los dictámenes por amplia mayoría, con la única oposición de los tres legisladores del ARI y la disidencia parcial de Federico Pinedo (Pro). La modificación más importante es que se levanta el secreto bancario, bursátil y profesional (escribanos y contadores) para suministrar información a la Unidad de Información Financiera (UIF), la dependencia que investiga internamente las operaciones de lavado. Esos agentes ya no podrán ampararse en ese derecho para justificar la no entrega de datos.

En rigor, la ley obliga a todos ellos a denunciar a la UIF posibles operaciones sospechosas. Sin embargo, en varias oportunidades los bancos, aseguradoras o profesionales se escudaron en el secreto que deben guardar de sus clientes, también impuesto por ley, para no informar sus transacciones. El presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Pelosi, remarcó en diálogo con Página/12 que “no es que los escribanos no querramos colaborar, porque siempre lo hemos hecho, sino que no hay normas claras, precisas y objetivas que nos indiquen cuándo una operación es sospechosa”. Ese mismo argumento fue atendido por jueces de diez provincias, incluida Buenos Aires, para dictar medidas cautelares que frenen la aplicación de la ley de lavado.

El diputado Luis Cicogna (Frente para la Victoria), presidente de la Comisión de Justicia, admitió que “hay algunos aspectos contradictorios en las leyes que buscamos corregir con esta reforma”. Por su parte, Marcela Rodríguez (ARI) criticó que se hacen retoques menores y lo más importante, que sería levantar el secreto de la AFIP, sigue sin realizarse.