El Gobierno impuso como referencia este año un techo de 19 por ciento para los aumentos salariales surgidos de las negociaciones colectivas. De ese modo buscó limitar el consumo para no incentivar una suba mayor de precios. Un informe reciente elaborado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA revela que entre 2001 y 2005 la participación de los sectores populares en el consumo privado cayó del 45,8 al 43,8 por ciento del Producto Bruto Interno (PIB). Mientras que la elite patronal amplió su porción del 54,2 al 56,2 por ciento. Ese dato indica que el mayor impacto sobre el consumo, y por ende sobre la inflación, surge de la apropiación de ganancias extraordinarias por parte de un sector minoritario, que apenas representa el 3,2 por ciento de la población económicamente activa. Por lo tanto, el informe sostiene que una reforma impositiva de sesgo progresivo podría ser un instrumento antiinflacionario más efectivo y más justo que la fijación de topes salariales al restringir el gasto de los que más tienen.

La disparidad en el consumo se explica por la profundización de la distribución desigual del ingreso. En octubre de 2001 los sectores populares percibían el 25,5 por ciento del producto, mientras que al finalizar el 2005 su participación era del 22,3 por ciento. Bajo esa denominación se incluye asalariados registrados, no registrados, trabajadores por cuenta propia, peones rurales y desocupados que perciben planes sociales. Al incorporar a la medición la totalidad de los pagos por jubilaciones y pensiones que realiza el Estado, la cifras de participación en el PIB mantienen la tendencia, pero modifican su magnitud. En ese caso caen del 32,5 al 26,7 por ciento en el mismo período.

El retroceso fuerte se produjo en 2002, cuando la masa de ingresos de los sectores populares se derrumbó al 23 por ciento del PIB. El año siguiente se recuperó de manera significativa al subir al 26,2, pero desde entonces, la participación de los trabajadores permanece casi inalterada, pese a que el crecimiento anual del producto siguió siendo del 9 por ciento. Eso deja en evidencia que la reversión del patrón de desigualdad consolidado durante la experiencia neoclásica de los ’90 continúa siendo una asignatura pendiente.

Para calcular el consumo popular, el informe considera que los trabajadores gastan todo su ingreso, salvo los aportes a la seguridad social que por definición constituyen ahorro. La diferencia entre ese sector y el consumo privado total permite obtener la cifra sobre la participación que tiene la patronal. El cálculo es sólo una estimación porque en el total de ingresos populares se incluye la capa de gerentes y ejecutivos que suelen figurar como asalariados. Asimismo, al contabilizar en el consumo superior a la totalidad de los patrones, quedan incluidos los pequeños empresarios que, en muchos casos, están en situación similar a la de muchos asalariados. Pese a ello, el ejercicio sirve para visualizar la participación acotada, en términos relativos, que vienen teniendo los trabajadores en el “boom del consumo” que acompaña a la reactivación económica.

Quienes más gastan son los que más tienen (aunque sean muchísimos menos) y el perfil de su consumo condiciona, según el informe elaborado por los economistas Tomás Raffo y Claudio Lozano, la pauta de inversión y el desarrollo productivo. Eso se debe a que el consumo de las clases acomodadas continúa teniendo un elevado componente de producción importada pese al tipo de cambio alto que se mantiene desde la devaluación. “Si incorporamos los celulares que se importan como parte de los bienes de consumo que traen del exterior, hoy Argentina importa una proporción similar de bienes de consumo que en aquel momento. Por ende, el consumo de los ricos demanda producción importada y limita la sustitución por producción local”, sostienen Raffo y Lozano. Además agregan que el mayor consumo superior debilita también la tasa de inversión al detraer una parte importante del excedente económico que podría destinarse a ese objetivo.

Para revertir esa situación y generar un “nuevo proyecto productivo” el informe recomienda mejorar y ampliar las políticas públicas de transferencia de ingresos a los sectores populares. Además se afirma que, por ejemplo, una reforma impositiva de sesgo progresivo sobre ganancias, bienes personales, patentes e inmobiliario podría servir no sólo para redistribuir ingresos sino también para contener la inflación, poniendo freno el consumo de los que más ganaron con el modelo actual.