El Banco Central resolvió ayer reducir de 40 a 35 por ciento la proporción de títulos públicos que las entidades financieras podrán tener en sus activos. La medida busca favorecer el otorgamiento de créditos al sector privado y será efectiva recién a partir del 1º de julio de 2007. En la actualidad, el 5 por ciento del total de activos representa cerca de 12 mil millones de pesos. Eso no significa que todo ese dinero vaya a reorientarse hacia las empresas y las familias. Una alta fuente del Central aseguró a Página/12 que sólo “en el 10 por ciento de las entidades, la mayoría de primera línea, los títulos públicos superan el 35 por ciento de los activos”. Además, la exposición ante los distintos niveles del Estado ya venía bajando porque el crédito al sector privado está creciendo a tasas anuales superiores al 35 por ciento. No obstante, la fuente destacó que la decisión “permitirá diversificar aún más los riesgos para que el sistema aumente su solvencia y seguridad”.

En el 2002, durante el peor momento de la crisis, la participación del sector público llegó a representar cerca del 60 por ciento del total de activos de los bancos. A medida que la situación económica se fue normalizando, el crédito al sector privado comenzó a crecer y la necesidad de financiamiento de los distintos niveles del Estado se redujo. Por lo tanto, ese porcentaje disminuyó paulatinamente. La entidad informó ayer que durante los últimos 12 meses la exposición en activos del sector público cayó un punto por mes y en la actualidad se encuentra en el 27 por ciento en promedio.

Ese número pareciera indicar que la medida tendiente a bajar la participación pública del 40 al 35 resulta irrelevante. No obstante, el 10 por ciento de las entidades está por encima del 35 por ciento y, si bien desde el Central se negaron a informar cuáles son esos bancos, reconocieron que representan un porcentaje significativo del total de activos del sistema. Según el Central, la baja de ese porcentaje mejora el perfil de las carteras de los bancos y revitaliza la intermediación financiera, potenciando así la evolución de las necesidades de inversión y el desarrollo de actividades productivas.

El primer límite a la exposición ante el sector público nacional, provincial y municipal se fijó en marzo del 2003 cuando a través del comunicado 3911 el Central estableció un tope del 40 por ciento. En esa oportunidad se aclaró que el techo recién comenzaría a regir a partir del 1º de enero de 2006 para darles tiempo a los bancos a reconvertir su cartera. En esta ocasión el plazo será de un año.

El comunicado difundido ayer por el Central afirma que la nueva disposición “es tomada en un contexto de profundización de la liquidez -teniendo en cuenta la cancelación anticipada de redescuentos– y de recuperación de la solvencia –con la reversión de los resultados negativos del sistema–, lo que en conjunto se traduce en un fortalecimiento de la estabilidad financiera”. A su vez, la entidad que preside Martín Redrado, que ha sido acusada por sectores del establishment de estar subordinada al Poder Ejecutivo, aprovechó la oportunidad para destacar que la disminución de la exposición del sector público en activos de bancos implica además “una vigorización de la autonomía del sistema financiero y de la política monetaria en relación al sector público. Este factor resulta crucial para los países emergentes, donde históricamente se ha soslayado el excesivo financiamiento al Gobierno cuando se evalúa la independencia de los bancos centrales”.