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La reforma de los ’90 debería dejarnos algunas enseñanzas para no seguir alimentando la sensación popular que las reformas, educativas o no, tienen como principal objetivo cambiar para que nada cambie. Toda reforma es política y ésta es una de las cuestiones que tendríamos que empezar a aceptar y valorar. Históricamente hemos atribuido a la política los problemas de nuestro sistema educativo y de esta forma hemos reivindicado indirectamente las dictaduras y claudicado ante uno de los principios básicos del neoliberalismo: la política es un impedimento para el desarrollo del mercado. El problema no es la política sino el uso que se hace de ella a favor de intereses particulares.

Es cierto que cada campo tiene su autonomía y que debemos poder encontrar explicaciones a los problemas desde sus particularidades, pero si algo ha perdido la escuela es su consistencia de campo. El campo escolar ha volado por los aires y hoy no es otra cosa que una superposición de problemáticas que no pueden ser propiamente explicadas sólo desde lo educativo.

En la mayoría de las jurisdicciones argentinas, la escuela cumple funciones asistencialistas relevantes que desvirtúan el tradicional papel de la misma. Esta realidad debe estar presente en los debates. Ninguna reforma educativa es hoy sólo educativa. El límite de la institución escolar se ha difuminado y no puede ser reconstruido sin un sólido conocimiento de la compleja realidad que la atraviesa.

¿Cómo evaluar la calidad educativa en escuelas que funcionan como depósitos de niños porque sus padres tienen que trabajar más horas de las legalmente establecidas (aunque en los países llamados del Primer Mundo ocho horas ya se consideran demasiado)? ¿Cómo evaluar la calidad educativa en escuelas cuyo principal atractivo es ofrecer la comida que falta en casa? ¿Cómo evaluar el rendimiento escolar de un niño mal alimentado, con una familia absolutamente desintegrada como el mismo tejido social? La mejor reforma educativa que podemos llevar adelante es la que surja de una profunda evaluación de los factores contextuales que posicionan a la escuela en su actual situación de crisis.

España reforma su sistema educativo impulsada por dos hechos fundamentales: el retorno a la democracia y su incorporación a la Unión Europea. Se puede discutir si aquella reforma impulsada por el PSOE fue exitosa o no, pero España, en términos educativos, hoy es más igualitaria que hace veinticinco años. Esto se debe, entre otras cosas, a que el sistema ha quedado incorporado a un proyecto común de integración tanto en términos económicos como sociales.

El derecho a la educación, la calidad y la participación son aspectos que no pueden estar ausentes en un preámbulo políticamente “correcto” de una ley de educación. El problema es cómo hacer para que los principios se conviertan en realidades. El problema inicial no es el acceso y la permanencia de los niños en el sistema educativo sino el acceso y la permanencia de los padres en el sistema productivo. Cómo construir una escuela de calidad en un contexto de creciente precariedad. Cómo estimular la participación de los padres en la educación de sus hijos si el tejido social y familiar se ha roto y las desigualdades socioeconómicas se siguen profundizando.

Por otra parte, la reforma se tiene que legitimar a través de los docentes. Los docentes, como actores fundamentales del sistema educativo, tienen que ser los principales defensores del proyecto de ley que termine refrendando la clase política en el Congreso y no a la inversa.

Es importante, también, la reflexión crítica en torno de los principios considerados relevantes en el espíritu de la reforma. Poner en tensión los mismos con la realidad contextual para descubrir las contradicciones y trabajar sobre ellas (participación - condiciones laborales; calidadeducativa - calidad de vida fuera de la escuela; evaluación - inserción social de la escuela, etcétera).

En estos momentos debe primar la voluntad política por encima de los partidos, si es que lo que realmente interesa es modificar la realidad, ya no sólo de la escuela. Por eso, uno de los principios que debe atravesar la reforma es el de la recuperación de la política.

El momento: el objetivo de aprobar antes de fin de año una nueva ley de educación no es el más apropiado. Si finalmente el consenso no es lo suficientemente amplio, la ley quedará afectada por la campaña política de las elecciones del año próximo. Si la sociedad argentina considerara tan relevante la educación de sus hijos, exigiría que la ley de educación, producto de un amplio acuerdo entre diversos sectores sociales, sea la primera política a implementar por el nuevo gobierno, más allá de la fuerza política que éste represente. Estaríamos sacando así a la futura implementación de la ley de los caprichos del mercado electoral y al mismo tiempo estaríamos sentando las bases para una nueva forma de hacer política en la Argentina.

Por último, la ley resulta ser, por lo menos en nuestro país, menos importante de lo que parece. Si no hay una profunda y extendida voluntad de hacer de la educación nuestra principal herramienta de desarrollo social y económico, podemos hacer una ley cada cuatro años que nada va a cambiar. La ley sólo va a ser efectiva si encarna un espíritu reformista desde las mismas bases del sistema.

* Universidad de Barcelona.