La decisión del Banco Central de obligar a los bancos a disminuir su exposición en bonos del Estado nacional puso en aprietos a tres bancos: dos provinciales –el de Buenos Aires y el de Córdoba– y uno privado, el Galicia. Estas entidades financieras exceden el límite impuesto por la autoridad monetaria. Contra el 35 por ciento del total de activos que podrán tener como tope, ahora el Galicia y el Bapro poseen el 50 por ciento y el de Córdoba, el 43 por ciento. El resto del sistema financiero está encuadrado ya que, en promedio, tiene un 29 por ciento de sus activos en títulos públicos.

Los bancos tendrán un año para ponerse en regla. Y si no llegan en ese plazo tienen la posibilidad de presentar ante el Central un “plan de adecuación” especial, pidiendo permiso para tomarse tiempo extra.

La determinación de exigirles a los bancos un máximo del 35 por ciento en títulos públicos se tomó en el más alto nivel político. Néstor Kirchner y Martín Redrado concluyeron en que el Estado ya no debe ser el “socio bobo” en la rentabilidad de las entidades financieras y que éstas deben redireccionar esos recursos hacia préstamos de largo plazo a empresas e individuos. Kirchner y Redrado quieren llegar a mediados del 2007 con un fortísimo repunte de los préstamos al sector privado. Creen que es posible pasar del actual nivel de 11 puntos del Producto Bruto a 20 puntos, tomando en cuenta la necesidad de las empresas de invertir para ampliar su capacidad de producción. También se apuesta a un mayor dinamismo de las líneas hipotecarias y a que se mantenga el ritmo de expansión de los créditos para el consumo. En el primer cuatrimestre del año, los préstamos de más de un año a los privados crecieron en 17 mil millones de pesos.

No es la primera vez que el Central endurece su postura. Hace un año había exigido que los bancos tuvieran un máximo del 40 por ciento de sus activos en bonos del Estado. Las entidades, que antes de la explosión de la crisis llegaron a tener más del 60 por ciento de sus activos en títulos de deuda, se vieron obligadas a ponerse en regla. Entidades como el Nación y el Río se desprendieron de sus bonos. Ahora, en la city evalúan que algunos de los bancos incumplidores podrían vender algunos activos subvaluados o ajenos a sus negocios para mejorar sus balances. Con la excepción del Galicia, el Provincia de Buenos Aires y el de Córdoba, el resto cumplió con la norma. Y, en promedio, la tenencia de bonos cayó del 37 al 29 por ciento de los activos.

En el BC aseguran que estas exigencias son un punto central de la actual gestión porque se constituyeron en una poderosa señal a los bancos de que sólo pueden hacer negocios con el sector privado. En Reconquista 266 argumentan que si bien la gran mayoría de las entidades financieras ya está cumpliendo con los nuevos requisitos, lo importante es que los bancos tomaron nota de que la tendencia para tener bonos es a la baja. Y que lo mejor que pueden hacer es salir a prestar.

En el Gobierno están convencidos de que lograrán mantener una pauta de superávit fiscal del 3,3 por ciento y que no necesitarán financiamiento adicional. Los funcionarios dicen que, en el hipotético caso de que ese escenario no se diera, recurrirían al mercado de capitales. Pero ya no a los bancos en forma directa. “Para sostener el crecimiento económico es esencial que las entidades salgan más a la ofensiva a prestarles a empresas e individuos”, argumentan en los despachos oficiales.

La otra pata de la medida del Central estuvo dirigida a las provincias. En Economía tomaron nota de que varias de ellas dejaron caer peligrosamente el nivel de superávit fiscal –se menciona a la provincia de Buenos Aires– y que los gobernadores deben saber que los bancos dejarán de ser sus ruedas de auxilio, como ocurrió durante los años ’90.