El fallo a su favor obtenido por el gobierno argentino en la disputa con Monsanto “les puede significar a los productores un beneficio de 300 millones de dólares anuales”, estimó el titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi. La Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea rechazó la pretensión de la firma química norteamericana de cobrar regalías sobre las exportaciones argentinas de harina de soja, rubro en el que Argentina vende 3600 millones de dólares anuales. “Hace una semana estábamos haciendo tractorazos, pero hoy debemos reconocer que la acción de la Secretaría de Agricultura en defensa de la producción argentina es elogiable”, apuntó Buzzi.

El desarrollo por parte de Monsanto de una semilla genéticamente modificada es, en gran medida, responsable del boom sojero de la Argentina de la última década. Colocó ese cultivo en el primer lugar entre las distintas especies de cereales y oleaginosos que produce el campo argentino y llevó a la Argentina a uno de los primeros lugares en el mundo como exportador de soja y sus derivados. Además, provocó el desplazamiento de otros cultivos y hasta de la ganadería, que fueron reemplazados por la más rentable producción de soja.

Como la semilla de Monsanto es un híbrido, es decir que no se reproduce con la planta, en cada siembra el productor tiene que volver a comprarla para lograr el mismo rendimiento. Además, la propia empresa química desarrolló el único herbicida que combate las plagas que pueden afectar a la planta de soja sin dañarla. Es decir, es de uso casi obligatorio para el productor.

A pesar de las ventajas económicas que le otorga esta condición monopólica, Monsanto fue por más, reclamando cobrar regalías por la harina de soja exportada que se produce a partir de la semilla patentada a su nombre. A partir de este razonamiento, Monsanto intentó, en el último año y medio, trabar embargo sobre los embarques de harina que arribaban al continente europeo. Sólo por esta acción, los importadores europeos se veían perjudicados al tener que desembolsar pagos de caución para liberar la mercadería.

La advertencia de Buzzi apunta precisamente a ese aspecto, ya que los importadores empezaban a trasladar ese costo adicional al exportador, rebajando en consecuencia el precio de la harina que adquirían. El titular de Federación Agraria estimó en un 10 por ciento la quita probable, con lo cual sobre los 3600 millones de dólares exportados el costo para los productores superaría los 300 millones.

El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, reclamó ser parte de la controversia planteada entre los importadores europeos y Monsanto, por considerarse perjudicada por la carga que pesaba sobre las ventas argentinas. Tanto ante los organismos comunitarios como frente a las instancias judiciales, el gobierno argentino sostuvo el carácter extorsivo y coercitivo de los juicios iniciados por la empresa norteamericana, “cuyo objetivo es generar temor e incertidumbre en los mercados, para que ello se traduzca en una caída de las cotizaciones de la harina de soja argentina y así contar con las herramientas de presión para lograr una rápida sumisión a condiciones comerciales que no tienen fundamento legal ni técnico alguno”, tal como recordó ayer un informe del Ministerio de Economía sobre el asunto.

Miguel Campos, secretario de Agricultura, comentó al respecto de la resolución de la Unión Europea sobre la falta de derecho de Monsanto a reclamar pago por patentes en la harina de soja, que es de enorme trascendencia dada la significación de los valores involucrados.