La Cancillería cuestionó la legitimidad de la demanda de productores chilenos reclamando protección frente al ingreso de productos lácteos provenientes de Argentina. Según expresó en un comunicado, no existen condiciones de perjuicio a la producción nacional trasandina que justifique el pedido de aplicación de medidas de salvaguardia –aranceles adicionales– a la entrada de los lácteos argentinos. “Si hay alguien a quien no le gusta la salvaguardia que aplique Chile, hay otra institucionalidad que es la OMC, donde se pueden ver eventuales conflictos comerciales”, respondió ayer el portavoz del gobierno chileno, Ricardo Lagos Weber.

Los productores chilenos presentaron formalmente ante la Comisión Nacional de Distorsiones del Banco Central la solicitud de salvaguardias. La medida, que busca establecer un arancel extra de 31,5 por ciento a los ingresos de leche líquida, en polvo y queso gouda provenientes de Argentina, fue respaldada por el Ministerio de Agricultura y el Senado, según señalaron medios chilenos y ratificó el titular de la Federación de Productores de Leche del país trasandino, Adolfo Larraín.

El comunicado de la Cancillería divulgado en Buenos Aires explica que “el régimen de la Organización Mundial de Comercio, al que tanto Chile como Argentina han adherido, establece muy claramente que las condiciones para la imposición de medidas de salvaguardia son la existencia de un aumento de importaciones en condiciones tales que causen o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional de productos similares o directamente competidores. En tanto esas condiciones no se verifiquen, no tendría legitimidad la imposición de medidas de tal naturaleza”. Citando datos de fuente chilena, agrega que tanto los indicadores de producción de leche como de los diferentes subproductos lácteos en el país vecino muestran en los primeros cinco meses de 2006 incrementos frente a igual período de 2005. Además, los precios que perciben los productores chilenos registran alzas respecto de 2005, según indica.

“A partir de lo anterior –subraya la Cancillería argentina–, no puede demostrarse el daño para la industria. Menos aun sostener que la competitividad de los productos argentinos surge de la existencia de subsidios y que ello es justificativo válido para la imposición de medidas de salvaguardia.” Finalmente, el comunicado advierte que en caso de avanzarse en la aplicación de tales medidas, el Gobierno no dudaría en llevar la cuestión a la consideración de la OMC en el marco de las normas internacionales vigentes.

Lagos Weber, portavoz de Michelle Bachelet –e hijo del ex presidente Ricardo Lagos–, respondió que el “eventual conflicto” podría dirimirse en la OMC. “Hay que desdramatizar. Lo bueno es que existe la OMC, porque si no existiera, esto sería la ley del más fuerte, del más vivo. Y como aquí tenemos una institucionalidad, uno está tranquilo que va a hacer valer sus derechos”, expresó.