En lo que va del año, 69 personas murieron como resultado del accionar ilegítimo de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, en todo el país, de acuerdo con un informe que fue dado a conocer ayer por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El trabajo precisa que se trata de “nuevos casos de gatillo fácil o muertes en la tortura en cárceles y comisarías de diez provincias”. La Correpi hizo también un balance de todos los casos de violencia institucional ocurridos desde la asunción del presidente Néstor Kirch-

ner, el 25 de mayo de 2003. Las cifras hablan de “un total de 505 personas asesinadas”, desde esa fecha hasta el 28 de julio pasado. Este año, el mayor número de casos –veinte– se produjo en la provincia de Buenos Aires, mientras que se registraron diez muertes en Córdoba, nueve en la Capital Federal, siete en Mendoza, seis en Tucumán, cinco en Corrientes y otras cinco en Santa Fe, tres en Santiago del Estero y un caso en las provincias de Jujuy, Neuquén, Río Negro y Salta.

En el informe también se hace un listado de represiones violentas de las fuerzas policiales a personas que participaban en manifestaciones. En ese sentido, la Correpi sostiene que “son cada vez más frecuentes las represiones en manifestaciones y movilizaciones populares” y que “ningún gobierno, desde el 10 de diciembre de 1983 a la fecha, ha tenido más presos políticos y más militantes sujetos a causas judiciales” por participar en protestas sociales. El detalle de los casos ocurridos desde el 25 de mayo de 2003 menciona que hubo “102 asesinados en 2003, 159 en 2004, 175 en 2005 y 69 en lo que va del año 2006”. Sobre ese total, el 53 por ciento de los hechos fueron por “gatillo fácil” policial, mientras que el 45 por ciento corresponde a muertes en las cárceles.

En algunos casos ocurridos en la cárcel, como el de Cristian Domínguez, “el personal médico forense remueve en la autopsia las partes del cuerpo que pueden brindar la evidencia de que la muerte que se alega como suicidio no fue tal”. Domínguez, de 30 años, murió en febrero de 2005 en la comisaría primera de Berisso. Lo habían detenido por estar en estado de ebriedad y apareció ahorcado en una celda. Otro punto que se señala es el incremento de la población carcelaria: “Como resultado de la campaña propagandística contra la ‘inseguridad’, el número de detenidos en todo el país pasó de 30.000 a 63.000” en los últimos años.

“De ese universo de personas, 52.000 están alojadas en cárceles federales y provinciales que tienen capacidad sólo para 32.000 personas, mientras que 11.000 están hacinadas en comisarías”, dice el informe de Correpi. También se hace mención al incremento de “desalojos violentos y represión en manifestaciones”. Sobre el punto se afirma que “en los 37 meses de gobierno, desde mayo de 2003, hemos contabilizado 43 casos de represiones violentas, 22 de ellas destinadas al desalojo y desarticulación de medidas de lucha llevadas adelante por trabajadores”. Los 21 casos restantes fueron “represiones a movilizaciones de desocupados”.

La Correpi asegura que en los casos de “gatillo fácil” o torturas se advierten “maniobras policiales destinadas a garantizar la impunidad del camarada de la fuerza que ha cometido un crimen. Es indudable la existencia de un espíritu de cuerpo que se patentiza en los primeros informes de quienes arriban al lugar del hecho cuando las muertes se han consumado”. En otro orden de cosas, la Correpi cuestionó la actitud del Gobierno y de la Corte Suprema en la falta de resolución del caso de la muerte del joven Walter Bulacio, en una comisaría. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó reabrir el proceso judicial que había sido cerrado por prescripción, pero “todavía el tema sigue cerrado y se mantiene la situación de impunidad”.