Miércoles, 16 de agosto de 2006 | Hoy
La conducción de la Sociedad Rural se encontró ayer con la ministra de Economía. Reiteró sus históricos reclamos, en especial las restricciones a las exportaciones de carne y trigo. Confederaciones Rurales todavía no está en la agenda del Palacio de Hacienda.
Por Fernando Krakowiak
La ministra de Economía, Felisa Miceli, recibió ayer a los principales dirigentes de la Sociedad Rural, continuando con el diálogo que inició la semana pasada con las entidades del campo. Las restricciones vigentes para la exportación de carne y trigo, la prórroga de las retenciones a los lácteos y el impuesto que Chile le quiere aplicar a la leche y los quesos argentinos fueron los temas centrales de la reunión. Al igual que sucedió en los encuentros con Federación Agraria, Coninagro y el Movimiento de Mujeres en Lucha, la ministra prometió analizar los reclamos y fijar una nueva fecha de encuentro en las próximas semanas. La única entidad que aún no fue recibida es Confederaciones Rurales Argentinas, pero en el Gobierno señalaron a Página/12 que aún no se les giró la invitación porque las críticas que vienen formulando sus dirigentes en distintos medios de comunicación revelan que no tienen “una voluntad genuina de diálogo”.
Luciano Miguens, presidente de la SRA, calificó el encuentro como “muy positivo” porque “permitió retomar el vínculo luego de varios meses en que se había cortado el contacto fluido que teníamos con el sector oficial”. La preocupación principal de la entidad es el mantenimiento de las restricciones para exportar carne. Luego de la flexibilización impulsada por el Gobierno quedó liberado el 65 por ciento de las ventas, contabilizando la cuota Hilton, las vacas conserva y los novillos de más de 470 kilos. Pero los ruralistas aspiran a que se pueda exportar libremente. “Seremos nosotros los que tendremos que garantizarle al consumidor y al Gobierno que se pueden flexibilizar las exportaciones sin que se vuelva a escapar el precio de la carne”, señaló Miguens, quien estuvo acompañado por su vicepresidente, Hugo Biolcatti; el economista jefe de la entidad, Ernesto Ambrosetti, y el director del Instituto de Estudios Económicos, Alejandro Delfino.
Los productores sostienen que la restricción de las ventas externas provocó una fuerte caída en el precio de la hacienda que aún no se recuperó. Ayer el Indice Novillo del Mercado de Liniers bajó un 2,35 por ciento y permanece 22,3 por ciento por debajo del valor alcanzado el 8 de marzo, fecha en que el presidente Néstor Kirchner anunció el cierre de las exportaciones. Sin embargo, el aumento de la oferta en el mercado interno que provocó la caída de precios no se explica sólo por la veda externa sino también por el invierno. En las últimos quince días ingresaron a Liniers más de 47 mil cabezas por semana, la cifra más alta del año. Eso es porque las heladas que se registran en el campo reducen la superficie de pastura y obligan a los productores a vender los animales antes de que se mueran. Para fines de septiembre la situación se revertirá y los precios comenzarán a subir.
La Sociedad Rural también se quejó por las restricciones para exportar trigo. En este caso no existe una prohibición porque el Gobierno les pidió a los productores “autolimitarse” para no tener que llegar a ese extremo. Además, cuando los precios internos comenzaron a subir la Secretaría de Agricultura elevó el valor del índice FOB, que toma en cuenta para liquidar las exportaciones, por encima del precio de mercado, lo que en los hechos operó como un aumento de las retenciones.
Otro de los reclamos se refirió a la prórroga de las retenciones a los lácteos por 60 días que el Gobierno decidió cuando Confederaciones Rurales Argentinas inició el paro agropecuario para dejar en claro que no cedería frente a la presiones del campo. También preocupa a los dirigentes la posibilidad de que Chile aplique una salvaguardia a la leche y los quesos argentinos, tal como lo anunció el ministro de Agricultura, Alvaro Rojas. Por último, la Rural dejó en claro que está a favor de negociar con Monsanto una salida al conflicto suscitado por el intento de cobrar regalías por el uso de las semillas transgénicas, porque “queremos seguir incorporando tecnología de punta a la producción”, señalaron a Página/12.
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