El diputado Oscar Lamberto, del Frente para la Victoria, presentó un proyecto de ley para permitir a los afiliados del sistema privado de capitalización que puedan optar por el sistema jubilatorio de reparto. En el sistema actual, los afiliados a las AFJP sólo pueden optar por cambiar de administradora privada, pero ya no pueden volver al régimen estatal. El martes último, el titular de la CGT, Hugo Moyano, había vuelto a poner el tema en el escenario al reclamar en un congreso sindical que los afiliados a las AFJP puedan pasar al régimen estatal, pero esta postura fue inmediatamente descartada por el titular de la cartera laboral.

El proyecto de Lamberto, cuya existencia tomó estado público ayer, plantea abrir un período durante el cual los trabajadores afiliados al régimen privado puedan pedir su traspaso al régimen estatal. La fecha límite propuesta es el 31 de diciembre de 2008. El diputado santafesino justificó su propuesta señalando que la ley que dio origen a las AFJP fue votada “en el contexto de un modelo económico para una realidad totalmente distinta a la actual”. La ley fue votada en el año 1994, durante la presidencia de Carlos Menem y por iniciativa del ministro de Economía Domingo Cavallo. Lamberto, desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda en aquel momento, defendió y respaldó el proyecto.

Ahora, Lamberto sumó su proyecto a varios otros impulsados en el Congreso para cambiar el régimen cautivo de afiliación que favorece a las AFJP. El martes, Moyano definió al actual régimen como “una de las estafas más grandes que se le hizo al pueblo argentino”. Varios gremios integrantes de la CGT que encabeza también participaron de la conformación de las AFJP, como es el caso de la Federación de Luz y Fuerza y el sindicato gastronómico. Tomada le respondió, al día siguiente, que “por ahora el Poder Ejecutivo no piensa en una modificación al sistema”. El propio ministerio a su cargo elaboró un anteproyecto de modificación de la ley previsional hace ya un par de años largos, que primero quedó frenado por las divergencias con el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y luego directamente cajoneado por decisión del Ejecutivo.