Después de trabajar en acuerdos de precios con empresas proveedoras de bienes, la atención de los funcionarios pasó a la evolución de algunos servicios. Las prepagas y los colegios privados quedaron bajo la lupa por los aumentos que produjeron algunos de ellos. En la pelea con las empresas de medicina apareció un nuevo actor: los prestadores, que rechazaron la acusación de las prepagas y desmintieron que estén incrementando sus servicios. Pero aseguran que sus costos vienen rezagados y que deberían ajustar sus precios. Ayer, Guillermo Moreno recibió un informe del sector. En lo que respecta a los colegios, la semana que viene se reforzarán los controles para que se cumpla con el último acuerdo.

El Gobierno logró que las prepagas que ajustaron sus cuotas den marcha atrás. Pero el compromiso es profundizar los análisis y enviar al Congreso un proyecto que regulará el sector. Uno de los argumentos de las prepagas para insistir con los aumentos es que los sanatorios, laboratorios y los médicos que realizan prácticas ambulatorias incrementaron sus tarifas. Desde ese sector desestimaron la acusación.

En diálogo con Página/12, Guillermo Gómez Galizia, presidente de Cadime, la cámara que agrupa a 10 mil pymes prestadoras de servicios para las prepagas y las obras sociales, aseguró que, al contrario de la imputación de las prepagas, son éstas las que imponen las condiciones de la relación. El ejecutivo dio algunos ejemplos: las prepagas abonan cada consulta médica entre 10 y 12 pesos, con la única excepción de OSDE, que reconoce 20 pesos. El dinero de cada práctica se acredita cuatro meses después de haber atendido al paciente. “La gran concentración en el mercado de la salud hace posible esos abusos”, señaló Gómez Galizia.

El proceso de concentración de las prepagas se consolidó durante los años ’90. En 1998, las diez empresas líderes del sector atendían al 41 por ciento de los afiliados. En la actualidad, las primeras cinco reúnen a alrededor del 65 por ciento: el ranking está liderado por Galeno, Swiss Medical Group y Osde Binario.

La cámara le envió ayer una carta al secretario de Comercio Interior con tres puntos: la desmentida de los aumentos en las prestaciones, el pedido para un análisis integral de la cadena de valor del sector, y sugerencias sobre la próxima regulación del sistema de la salud.

En forma paralela, ayer hubo un encuentro entre distintos representantes de la medicina privada: las clínicas, sanatorios y los médicos indicaron que mientras sus insumos se elevaron 90 por ciento promedio desde la devaluación, los precios que cobran se encuentran prácticamente estancados. Los prestadores aseguran que tanto las prepagas cuanto las obras sociales, que incrementaron sus ingresos de la mano del mayor empleo y los aumentos salariales, están en condiciones de pagar más por los servicios. “Dentro de un plan integral se deben revisar los nomencladores”, reclamó Gómez Galizia. La cuestión estará presente en las próximas semanas, cuando el Gobierno defina el proyecto de regulación del sector que enviará al Congreso.

El otro sector que está en la mira es el de los colegios privados. Desde el Palacio de Hacienda dejaron trascender que algunos aumentos aplicados en el último mes fueron injustificados ya que habrían excedido las autorizaciones otorgadas. En junio, el Gobierno firmó un acuerdo con representantes de los colegios para que prorrateen los mayores costos laborales en un cronograma no inferior a tres meses a partir del segundo semestre del año.

Varias agrupaciones defensoras de los consumidores denunciaron que hubo colegios que se excedieron en los aumentos. “Cobraron hasta cinco veces el valor de la cuota”, denunció Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor (CEC). Desde ayer, los establecimientos deben entregar a la secretaría comandada por Guillermo Moreno la documentación que justifique los incrementos aplicados.