La venta de la cervecera Quilmes a Brahma (grupo belga Inbev) continúa generando controversias a nivel judicial y en el Gobierno, pese a haber trascurrido más de cuatro años desde el anuncio de la fusión. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) les exigió a las partes a fines de 2002 desprenderse de algunos activos para aprobar la operación, pero la empresa todavía no cumplió con los requisitos amparada en la batalla legal que inició la competidora alemana Isenbeck contra la fusión. En agosto, la Justicia le exigió al gobierno que “precise –con suficiente fundamentación– el alcance con el cual las denunciadas pueden actuar hasta tanto se cumpla con la totalidad de las condiciones a las que se subordinó la concentración”. Ese requisito agudizó la interna existente en el Ministerio de Economía entre funcionarios cercanos a la ministra Felisa Miceli y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Los primeros quieren ponerle límites a Quilmes hasta que cumpla con las exigencias pautadas, pero Moreno, quien ya dictaminó a favor de la empresa, rechaza esa postura.

En mayo de 2002, la familia Bemberg le vendió el 37,5 por ciento de Quilmes a la compañía belga Ambev, propietaria de la marca Brahma, y acordó una opción de venta futura por el resto de las acciones de la empresa. La operación de concentración fue notificada a la CNDC, organismo que emitió un dictamen el 30 de diciembre de ese año condicionando la aprobación de la fusión a una serie de desinversiones que debían cumplir las partes para no restringir la competencia en el mercado. La Comisión exigió la venta de las marcas Bieckert, Palermo y Andes en el plazo de un año a un tercero que no produjera cerveza en el país y tuviera “recursos financieros suficientes y antecedentes necesarios para participar como competidor efectivo”.

La cervecera Isenbeck cuestionó ante la Justicia que el comprador de las firmas tuviera que ser una empresa ajena al mercado cervecero local, pues ellos querían adquirir las marcas que Quilmes debía vender. La apelación dejó en suspenso el plazo exigido para la venta de los activos hasta que en marzo de este año la Corte Suprema de la Nación rechazó el reclamo.

Sin embargo, durante ese lapso Isenbeck denunció ante la Justicia y la CNDC que Quilmes y Brahma se fusionaron de hecho adquiriendo de “manera ilícita una posición dominante en el mercado”, pues la operación todavía no estaba aprobada. Ambas empresas reconocieron estar operando conjuntamente y aseguraron que la condición impuesta por la comisión no les prohibía hacerlo. Según ellos, sólo estarían en infracción en caso de no cumplir con la exigencia de desinversión impuesta, pero argumentaron que todavía tenían tiempo para vender las marcas exigidas porque la medida había quedado en suspenso a raíz, justamente, del cuestionamiento formulado por Isenbeck. En 2005, la ex Secretaría de Coordinación Técnica, comandada entonces por el lavagnista Leonardo Macdur, pareció poner fin a la disputa al aceptar las explicaciones de los protagonistas de la fusión.

No obstante, en abril de este año el conflicto resurgió cuando Ambev (ahora denominada Inbev a raíz de una fusión entre Ambev y Interbrew concretada en 2004) anunció que haría uso de la opción de compra por el 34,4 por ciento restante de Quilmes, todavía en poder de la familia Bemberg. La operación suponía el pago a los Bemberg de 1200 millones de dólares. Antes de desembolsar semejante cantidad de dinero, los belgas quisieron asegurarse de que la compra de más acciones no fuera objetada por las autoridades de defensa de la competencia. Por lo tanto, solicitaron a la CNDC que se los exima de notificar la operación argumentando que la fusión ya había sido analizada y aprobada, aunque con condiciones, en diciembre de 2002, y la presente opción de compra no modificaría el impacto en el mercado que se analizó entonces.

En respuesta, el 21 de junio de este año la CNDC emitió una “Opinión Consultiva Confidencial” a través de la cual expresó que no estaba en condiciones de definir si le correspondía analizar la segunda etapa de la fusión, pues Quilmes todavía no habían cumplido con la exigencia fijada para la primera etapa, consistente en vender parte de sus activos. Esa respuesta, aprobada por una mayoría compuesta por el presidente de la CNDC, José Sbattella, y dos vocales, hizo que los belgas congelaran el pago de los 1200 millones de dólares a los Bemberg.

En ese momento entró en escena el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien se propuso absorber las facultades de la CNDC. Para ello le solicitó al procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, que avalara su posición. La respuesta de Guglielmino llegó a fines de julio a través de un dictamen en el que se reconoce la autoridad de Moreno en materia de defensa de la competencia. Con ese respaldo, Moreno emitió la resolución 26/2006 estableciendo que debe ser la secretaría que él conduce, y no la CNDC, la encargada de decidir si una operación de concentración económica debe ser analizada para ver si atenta contra la competencia.

Moreno estrenó sus nuevas facultades en el caso Quilmes, cuando desconoció la opinión de la mayoría de la CNDC y, haciéndose eco de la postura del vocal Mauricio Butera, que votó en minoría, decidió que la segunda etapa de la fusión no debía someterse al proceso de aprobación. Esa decisión, tomada a espaldas de la ministra Felisa Miceli, agudizó la interna al interior de Economía y le permitió a la familia Bemberg cobrar los 1200 millones de dólares que estaban pendientes, pese a que el Estado no tenía ningún apuro para decidir sobre el tema, sobre todo si se toma en cuenta que Quilmes todavía no vendió los activos que condicionan la aprobación de la fusión. Desde ese momento, la relación de Moreno con José Sbattella y con el subsecretario de defensa del Consumidor, José Luis López, ambos cercanos a Miceli, se hizo cada vez más difícil.

Fuentes del Gobierno señalaron a Página/12 que Moreno defendió su decisión argumentando que, a cambio de esa medida, los dueños de Quilmes se comprometieron a mantener congelados los precios de las bebidas que fabrican (cerveza, gaseosa y agua mineral) durante lo que queda de este año y 2007. No obstante, una alta fuente del Ministerio de Economía observó a este diario que los principales beneficiarios no fueron los consumidores de bebidas sino la familia Bemberg, que gracias a la decisión de Moreno pudo cobrar los 1200 millones de dólares.

La posición fijada por el secretario de Comercio Interior no fue compartida por la Justicia, pues el pasado 24 de agosto la Sala II de la Cámara Nacional Federal en lo Civil y Comercial resolvió dejar sin efecto la resolución firmada por Leonardo Macdur en octubre del año pasado, a través de la cual se desestimó la denuncia de Isenbeck y se autorizó a Quilmes e Inbev a seguir operando en conjunto pese a no estar aprobada la fusión. El fallo de la cámara le exige también a la “autoridad de aplicación” que dicte una medida donde “se precise –con suficiente fundamentación– el alcance con el cual las denunciadas pueden actuar hasta tanto se cumpla con la totalidad de las condiciones a las que se subordinó la concentración”. Los miembros de la CNDC se reunieron la semana pasada para comenzar a analizar el tema, pero existe la posibilidad de que Moreno decida resolver en favor de Quilmes pasando por encima de la comisión, tal como ha venido haciendo en los últimos meses.

Mientras el Gobierno termina de definir su posición frente a la fusión, Quilmes continúa beneficiándose con la posición dominante que adquirió en el mercado a partir de 2002, sin haber tenido ni siquiera que vender los activos exigidos ya que las disputas judiciales dejaron en suspenso esa obligación hasta que en marzo la Corte confirmó la decisión de la CNDC y puso como fecha límite el mes de noviembre para que la empresa se desprenda de los activos señalados. Si no cumple, la fusión quedaría sin efecto, aunque el Gobierno podría obligar a Quilmes y Brahma a volver a operar por separado antes de que ello ocurra.