En los próximos diez días el juez Ariel Lijo emitirá una resolución sobre la causa en la que se investigan las irregularidades del caso AMIA. Por lo que se dice en Tribunales, habrá procesamiento para casi todos los imputados, incluyendo el ex juez Juan José Galeano, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, el imputado en la causa principal, Carlos Telleldín, su esposa y su abogado, Víctor Stinfale. El pago ilegal de 400.000 dólares a Telleldín estará en el centro de la resolución y todo indica que el delito más grave –privación ilegal de la libertad– caerá seguro sobre Galeano y habrá que ver si sobre algún otro de los imputados. El enorme interrogante de la resolución que se viene es qué ocurre con el poder político de entonces, empezando por el ex presidente Carlos Menem y su ministro del Interior, Carlos Corach. Según parece, Lijo no dará un paso en esa dirección, lo que implicaría que las maniobras fueron de un juez y un jefe de Inteligencia, cuando la lógica –y algunas pruebas– indica que la creación de culpables falsos sólo pudo ser obra del gobierno de aquel momento. El Tribunal Oral del caso AMIA ya los sintetizó de la siguiente manera: “fueron maniobras al servicio de políticos inescrupulosos”.

Lijo tenía su fallo casi redactado hace dos semanas, pero le faltaba darle algunos toques finales. En el medio, el magistrado partió a Londres a participar de un seminario. De ese viaje recién vuelve el viernes, por lo que en la semana que se inicia el 18 de septiembre estaría terminada la resolución. La duda principal es cuáles delitos se le imputarán a cada uno de los indagados. En Tribunales corre el rumor de que los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia serían casi los únicos que saldrían sin procesamiento, pero tampoco eso es una certeza.

Para los familiares de las víctimas, el elemento fundamental del fallo será el encuadre que les dará el juez a las maniobras para armar una pista falsa, pagar para consolidar esa artimaña 400.000 dólares y proceder de inmediato a la detención de los policías bonaerenses, entregándole así culpables truchos a la sociedad. ¿Quién urdió esa maniobra? Si la respuesta del juez es que lo hicieron únicamente Galeano, Anzorreguy, Beraja y los demás procesados, estará dejando fuera de la responsabilidad al gobierno de Menem y al propio Menem. Un argumento que podría plantear Lijo es que para llegar más arriba necesita pruebas y que no las tiene.

Según el ex secretario de Galeano Claudio Lifchitz, el juez volvió un día de Casa Rosada, donde mantuvo una reunión con Corach, y dijo: “Hay que cerrar la pista de los policías”. Lifchitz sostuvo así que el mandato de la pista falsa provino de Corach y la Casa Rosada.

Tomando ese elemento en cuenta, el ex titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa, pidió que Corach fuera llamado a declarar. Además, Rúa ya había solicitado antes un análisis de las comunicaciones telefónicas entre Galeano, Corach y una mujer que tuvo un papel protagónico en la negociación para que Telleldín declare contra los policías, la ya fallecida integrante de la Cámara Federal, Luisa Riva Aramayo. “La Piru”, como le decían a la camarista, era muy allegada a Corach y fue quien concurrió a la cárcel de Devoto para encaminar el diálogo con Telleldín. Por ello, Rúa también pidió en su momento que sean llamados a declarar los choferes que llevaron a Riva Aramayo a Devoto.

Otro elemento de importancia es que en esas reuniones en la cárcel se confeccionó un plano con la supuesta ubicación de los policías en el momento en que retiraron la Trafic desde la casa de Telleldín. En el plano, adjudicado a Telleldín, aparece escritura correspondiente a dos personas distintas. Según parece, la letra no pertenece a Telleldín, pero no está claro que sea de Riva Aramayo. Una forma de avanzar en la pesquisa es peritar aquel plano de una vez por todas.

En las últimas semanas no ha faltado quien cuestiona al propio Lijo. Es que el ahora juez en aquel momento revistaba como secretario letrado de Riva Aramayo, e incluso hay quien menciona que Lijo tuvo relación con aquellas tratativas. El magistrado lo niega en forma terminante y también dice que no tuvo vínculo con aquella negociación. Algunos de los inminentes procesados ya piensan en recusarlo por aquella relación con Riva Aramayo, aunque sería una jugada más bien motivada porque la resolución del juez los lleva a un juicio oral y a eventuales condenas.

Lo que parece casi seguro es que ninguno de los que Lijo procese irá ahora a la cárcel. Sucede que el magistrado cree que los imputados tienen derecho a esperar el juicio oral en libertad. Si las cosas quedan sólo en estos procesamientos, en ese juicio oral habrá ausentes notables, porque nadie cree que un juez por sí solo, con el concurso de un jefe de la SIDE y un titular de la DAIA haya perpetrado semejante maniobra, en el caso más importante del país, a espaldas de un presidente de la Nación.