La Conferencia Episcopal presentará hoy un libro en el que se recogen diagnósticos, reflexiones y propuestas de la Iglesia relacionados con la tenencia, el uso y la extranjerización de la tierra, la concentración y el uso de la propiedad rural, la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes, la explotación racional de los recursos naturales y la problemática de las comunidades aborígenes y sus derechos sobre la tierra. El texto reúne propuestas que ya fueron presentadas a los obispos en noviembre de 2004 y cobra ahora estado público bajo el título Una tierra para todos. Será presentado esta tarde en la sede capitalina del Episcopado por el obispo Marcelo Melani (titular de Neuquén y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen), quien estará acompañado por el obispo de Nueva Orán, Jorge Lugones, y el presidente de Pastoral Social, Jorge Casaretto.

En el documento se señala que “la falta de una política estatal fundada en una equilibrada distribución de las tierras rurales, en el marco del predominio de una concepción utilitaria de la propiedad como un bien de mercado y no como bien social, fue generando en nuestro país un fuerte proceso de concentración de las tierras productivas”. Los obispos sostienen que “este proceso, con casi tres décadas de duración, continúa actualmente vigente y afecta principalmente a pequeños y medianos productores agrícolas” debido a que “el principal factor de concentración no es la ampliación de la frontera agrícola por ventas de tierras fiscales, sino la venta de derechos de posesión de pequeños productores empobrecidos a grandes corporaciones de capitales, nacionales y extranjeras”. El libro, de 126 páginas, se ofrece como material de reflexión, análisis e insumo para la búsqueda de respuestas al problema de la tenencia de la tierra en la Argentina.

Apoyándose en datos del censo nacional agropecuario de 2002 y del Observatorio de la Deuda Social Argentina, el documento episcopal, que fue prologado por el ex titular de Pastoral Social Carmelo Giaquinta, asegura que el proceso de concentración de la propiedad estuvo signado por “el marcado endeudamiento que sufrieron los productores agropecuarios a lo largo de la última década, los efectos derivados de las estrategias de los grandes capitales de inversión que, a través del mecanismo de arrendamiento, ejercían una fuerte presión sobre los pequeños productores” y, por último, la imposibilidad de seguir llevando adelante las actividades productivas.

Como resultado de lo anterior los obispos verifican “la progresiva desaparición de pequeños productores que, como consecuencia de la pérdida de las tierras explotadas, se han visto obligados a retirarse de la producción directa”. Se agrega que en la mayoría de los casos “estos productores se convierten en pequeños rentistas o en trabajadores precarios de las áreas urbanas”.

Otro capítulo se refiere a la extranjerización de la propiedad de la tierra considerado como un “proceso de pérdida de soberanía y de recursos naturales, así como de concentración de la tierra en capitales extranjeros”. Se denuncia también el deterioro de los recursos naturales como resultado de la combinación de “prácticas de sobreexplotación y/o abuso de terceros” y la “falta de políticas de preservación del medio ambiente y de protección de los derechos económicos, sociales y políticos de los pequeños productores rurales”. Indican los obispos que a fin de conservar el potencial productivo del suelo y evitar su degradación es necesario atender a la crisis del recurso del agua, la deforestación y expansión de la frontera agrícola y la explotación minera y sus efectos sobre el medio ambiente.

Todos estos temas aparecen también reflejados en el capítulo dedicado a la “problemática de la tierra de los pueblos indígenas”. En ese sentido se advierte que los problemas de acceso a la propiedad de la tierra y la titulación se ven notoriamente agravados en el caso de los aborígenes, “pueblos que basan su economía y cultura en la selva y que han encontrado en la misma fuente de alimentos, medicinas naturales y materiales para la construcción de sus viviendas” y con quienes el país tiene una “deuda histórica” pendiente. No queda al margen del análisis el problema del “acceso a titulación de terrenos y viviendas urbanas y suburbanas” agravada “con el crecimiento del desempleo, la precariedad laboral y la pobreza, junto con la incapacidad del Estado para articular un política estratégica de desarrollo económico y social”.

A la hora de las recomendaciones el documento episcopal comienza proponiendo una reflexión de la propia Iglesia sobre el problema de la tenencia de “la tierra urbana y rural en las situaciones de pobreza y de carencia que afectan la estabilidad de las familias” y haciendo un llamado a los agentes pastorales para comprometerse en la búsqueda de soluciones.

Al Estado se le demanda una política de largo alcance que contemple la situación de la tierra, políticas fiscales que favorezcan su uso racional y eficiente, garantizar el acceso y la seguridad jurídica de la tenencia, facilitar el traspaso de tierras a minifundistas y a la población carenciada que las ocupa, fomentando al mismo tiempo políticas y estrategias participativas que permitan planificar el recurso del agua y el cuidado del medio ambiente, apoyado también en procesos educativos.

Respecto de las comunidades aborígenes se pide “implementar programas de regularización dominial de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades aborígenes”, pidiendo también “sancionar una ley nacional que establezca un trámite sumario para la titulación en forma comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades aborígenes”.