La compañía aérea española de bajo costo Air Madrid pidió ayer la convocatoria de acreedores, con el argumento de que “judicializar el asunto es lo correcto”. En la misma jornada, el gobierno concluyó el plan de salvataje instrumentado por el Estado español para auxiliar a los viajeros que se quedaron con los pasajes en la mano, mientras que los pilotos reclamaban que se rehabilitara la operación de la compañía por diez días para atender la situación de esos clientes desairados.

La empresa cesó su actividad el viernes 15 de diciembre, antes de que el gobierno español le suspendiera su licencia de vuelo por deficiencias de funcionamiento. Desde entonces, el Ministerio de Fomento instrumentó un plan “humanitario” para solucionar el problema de los viajeros frustrados. Pero ese programa de catorce vuelos con Iberia, Pullmintur y Air Plus Comet culminó ayer y sólo pudo dar auxilio a alrededor del 20 por ciento de los más de 130 mil clientes de la empresa en esa situación.

Según acusó ayer José Luis Carrillo, propietario y responsable de Air Madrid, la empresa está imposibilitada de afrontar sus pagos, en parte porque tiene 7,5 millones de euros retenidos por Iata y otros 6 millones en la caja de agencias de viajes que comercializaron sus vuelos. Frente a esto, decidió pedir formalmente la cesación de pagos ante un juzgado mercantil, que ahora deberá expedirse sobre si acepta o no la solicitud.

Carrillo también anunció que hay varios interesados en comprar la compañía, entre los que habría empresas y fondos de inversión de distintas nacionalidades. Pero ninguno de ellos habría acercado una propuesta acorde con las expectativas del vendedor, quien recordó que hace poco más de un mes él mismo estimó que la compañía valía 120 millones de euros y que, con la salida a la Bolsa, pensaba capitalizarla hasta alcanzar un valor próximo a los 500 millones.

La Asociación de Pilotos de Air Madrid, presidida por Carlos Jiménez, reclamó ayer formalmente al Ministerio de Fomento volar diez días más, con el argumento de que ello permitiría solucionar la situación de los que quedaron sin poder volar y, de paso, para prolongar la fuente de trabajo, cuya continuidad está en duda. Los vuelos definidos como humanitarios permitieron trasladar a algo más de 5000 pasajeros, lo que excluyó a la gran mayoría. Los desairados, muchos argentinos, encabezaron protestas en el aeropuerto Prat de Barcelona y frente a las oficinas de atención abiertas el viernes 15 y que ayer el gobierno español clausuró para evitar justamente estos reclamos públicos.