El receso legislativo le servirá al oficialismo en la Cámara de Diputados para tratar de reponerse del duro traspié de la última sesión del año, cuando no logró reunir el quórum para sancionar el marco regulatorio de AySA. Con la fuerza numérica de más de un centenar de bancas y las de los aliados, el kirchnerismo impuso a lo largo del período parlamentario los proyectos impulsados por el Gobierno, pero las diferencias internas también hicieron naufragar varias de las iniciativas surgidas en el seno de su propio bloque. Quedaron relegados –entre otros proyectos– la normalización del PAMI, la entrega gratuita en hospitales públicos del método anticonceptivo de la píldora del día después, la incorporación al código penal de la figura del acoso sexual y la creación del Instituto de Datos Genéticos. Aunque nadie arriesga cuántos de estos temas serán prioridad para el Ejecutivo en la convocatoria a sesiones extraordinarias para febrero, que el oficialismo ya da por hecha.

El kirchnerismo acusó el golpe que lo dejó sin quórum propio y salió a cuestionar a la oposición. El jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, consideró que la cámara “vivió una noche de bochorno por la actitud de diputados que en vez de cumplir con el trabajo para el que fueron elegidos por la gente, aprovecharon la ausencia circunstancial y momentánea de una ínfima parte del oficialismo para impedir el tratamiento del marco regulatorio de Aysa”. El cuestionamiento también deja al descubierto las dificultades que el oficialismo tuvo en el último mes para disciplinar la tropa propia y encolumnar a los aliados.

A lo largo del año, el Frente para la Victoria y los ex duhaldistas del Peronismo Federal impusieron con su supremacía numérica los proyectos presidenciales y se hicieron cada vez menos permeables a los reclamos opositores más ínfimos. Esto indujo a la oposición, en el último tramo del período ordinario de sesiones, a motorizar estrategias compartidas que culminaron con su retiro masivo del recinto para obligar al kirchnerismo a sesionar sin la presencia opositora. Algo que el oficialismo no logró, a pesar de agotar las baterías de sus teléfonos celulares en el intento. “Es un recurso válido”, dijo la diputada del ARI Marcela Rodríguez antes de levantarse de su banca y partir del recinto.

Este no fue el único traspié del oficialismo en un frenético diciembre parlamentario, donde las diferencias internas dejaron varios proyectos en el camino. La iniciativa del kirchnerista Miguel Bonasso para regular la tala indiscriminada de bosques nativos quedó en una raro estado legislativo de stand by. El proyecto quedó fuera del temario en varias sesiones, a pesar de tener dictamen favorable de la comisión de medio Ambiente y Ecología. Bonasso acusó al “lobby sojero” de la postergación, pero fueron los diputados de las provincias del nordeste argentino que gobierna el oficialismo quienes se opusieron a su convalidación. La iniciativa fue aprobada en general, pero nunca se trató en particular, a pesar de los airados reclamos de propios y extraños.

El proyecto para la normalización del PAMI sorteó todas las embestidas opositoras pero sucumbió ante las diferencias en el seno del oficialismo, entre quienes pretendían que todos los representantes de los trabajadores en el directorio del PAMI fueran miembros de la CGT y quienes pretendían abrirlo a la otra central obrera, la CTA.

La iniciativa de proporcionar gratuitamente en los hospitales públicos el método anticonceptivo conocido como la píldora del día después había atravesado sin cuestionamientos los dictámenes de todas las comisiones por las que pasó, pero los “problemas de conciencia” de algunos legisladores oficialistas que nunca aceptaron su tratamiento terminaron por archivar el proyecto.

En la maratónica sesión del miércoles y jueves de la semana pasada, otros dos proyectos fracasaron en el recinto por diferencias en el oficialismo. A la una de la madrugada el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, concurrió a la sesión convocado por el diputado Remo Carlotto con la intención de que presenciara el debate que daría creación a un Instituto de Datos Genéticos que pasaría a depender de su secretaría. La controvertida iniciativa, que también dividió opiniones entre los organismos de derechos humanos, no tuvo consenso y regresó a las comisiones legislativas en busca de acuerdos. Lo mismo ocurrió con la incorporación al Código Penal del delito de acoso sexual y las penas para quienes lo cometan.

Muchas de estas disputas quedarían relegadas cuando el ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias en febrero. Una decisión que las autoridades de la Cámara baja dieron por descontada. Pero alguna de ellas volverían a reflotarse si el Ejecutivo decide incluirla entre sus prioridades. Algo que nadie en el oficialismo se anima a predecir.