Las empresas con negociaciones salariales en marcha o con fecha de iniciación ya prevista aseguran que los sindicatos están reclamando un aumento promedio de 16,6 por ciento para el año próximo, pero afirman que sólo están dispuestas a otorgar 12,9 por ciento, en sintonía con la pauta fijada por el Gobierno. No obstante, cuando se les pregunta en cuánto creen que cerrará la negociación, la mayoría pronostica un incremento del 15 por ciento. El dato surge de una encuesta realizada a comienzos de este mes por la Sociedad de Estudios Laborales (SEL) a 149 compañías líderes del país con personal dentro de convenio.

En el primer trimestre se renovará casi el 40 por ciento de los convenios, lo que marcará la pauta efectiva para el resto de las negociaciones. Hasta el momento, el 22 por ciento de las firmas encuestadas (entre las que se encuentran las principales industrias, bancos y empresas de servicios, pero no las privatizadas) ya comenzó a negociar, mientras que un 15 por ciento aseguró que lo hará en el primer trimestre. Otro 9 por ciento se sentará a dialogar en el segundo y el 54 por ciento restante todavía no tiene una fecha prevista.

Este año las empresas acordaron un incremento promedio de 19 por ciento en los sueldos básicos y en muchos convenios se adicionaron sumas no remunerativas, u otros conceptos, que llevaron el aumento del costo salarial promedio del sector privado a cerca de 24 por ciento, según surge de lo declarado a la AFIP. Por lo tanto, si se confirma el pronóstico habría una desaceleración significativa en relación con los resultados de la ronda anterior.

La brecha entre los aumentos ofrecidos y lo reclamado por los gremios al comienzo de la negociación se ha venido achicando en los últimos dos años. En 2005 la diferencia registrada por la encuesta de SEL había sido de 20 puntos (10 contra 30 por ciento), a comienzos de este año se redujo a 8,7 puntos (13,1 vs. 21,8 por ciento) y ahora es sólo de 3,7 puntos, lo que permite vislumbrar mayores coincidencias entre la patronal y los trabajadores. No obstante, Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, intentó relativizar las cifras que se manejan al advertir ayer que recién en marzo, con los números de la inflación del primer trimestre en la mano, se van a terminar de precisar los reclamos.

Pese a la reducción de la brecha inicial entre lo que ofrece una parte y lo que pide la otra, el 55 por ciento de las compañías encuestadas aseguró que las “demandas salariales sindicales” son uno de los mayores problemas que enfrentan. En segundo lugar quedó la “presión salarial del personal fuera de convenio”, con un 44 por ciento, y en tercera y cuarta posición “la intervención del Estado en las relaciones laborales” y “la rigidez de la legislación laboral”, ambas con 25 por ciento. Las respuestas superan el ciento por ciento porque los empresarios podían mencionar hasta tres opciones en orden de importancia.

Ernesto Kritz, director de SEL, aseguró a Página/12 que “las demandas salariales siguen siendo un problema para las empresas porque el colchón que tenían se redujo mucho”. Según el informe de su consultora, este año el costo laboral real aumentó 8 por ciento en promedio, siendo de 10 por ciento para los sectores productores de bienes y 6,6 por ciento para los proveedores de servicios.

Al ser consultadas sobre cómo impactará el aumento salarial en los precios, el 67 por ciento de las firmas aseguró que piensa absorber el incremento si la negociación se mantiene dentro de lo previsto y el 13 por ciento declaró que sólo va a transferir una parte menor a los precios de sus productos. Otro 14 por ciento dijo no saber qué hará y apenas el 6 por ciento de las compañías señaló que si aumentan los salarios lo compensará con un incremento de precios casi equivalente. Pese a lo declarado por la mayoría de las firmas, Kritz advirtió que “no parece tan seguro cómo evitarán que ello afecte la rentabilidad, sobre todo en los sectores de servicios, donde el margen posdevaluación es nulo”.