Jueves, 15 de marzo de 2007 | Hoy
El Senado provincial aprobó la ley que grava patrimonios de más de 500 mil pesos.Pero no habrá tributo a activos financieros.
El Senado bonaerense convirtió ayer en ley el proyecto que obliga a tributar una alícuota adicional sobre los impuestos Inmobiliario y a las Patentes a aquellos contribuyentes que tengan un patrimonio superior a los 500 mil pesos. El texto avalado por la Legislatura es menos ambicioso que el que había planteado en origen el Ejecutivo, quien también aspiraba a gravar por esta vía los activos financieros que los bonaerenses tienen dentro y fuera del país: éstos se tendrán en cuenta para definir a quién alcanza la nueva carga, pero no se tributará sobre ellos. Aun así, es una herramienta para que el gobierno de la principal provincia del país atenúe sus angustias fiscales.
Días después del recambio en el Ministerio de Economía –Carlos Fernández reemplazó al dimitente Gerardo Otero–, la Legislatura sancionó una iniciativa que permitirá reforzar la recaudación en un monto aún no precisado, pero que en algún momento se estimó cercano a los 300 millones de pesos. Según conjetura esa cartera, el nuevo esquema afectará a 100 mil propietarios de inmuebles y a entre 15 y 20 mil de autos, una proporción bastante modesta si se atiende que el universo total está compuesto por 4 millones de partidas de inmuebles, 1,4 millón de baldíos y 1,2 millón de automóviles.
La nueva ley crea una sobrealícuota progresiva para el Inmobiliario y Patentes que va de 0,25 por ciento a 0,75, según el segmento de precio en el que se ubiquen el inmueble o el auto. Ese aporte adicional estará vigente en tanto también lo esté el impuesto a los Bienes Personales que hoy recauda la Nación que, de no mediar prórroga, se extenderá hasta el 2009. La flamante versión de impuesto “a la riqueza” bonaerense se transformaría luego en un sustituto de ese gravamen que alimentará las arcas provinciales.
Después de un arduo debate en ambas cámaras, el proyecto eliminó la posibilidad de gravar con las mismas tasas a los activos financieros, tal como postuló en un principio. Pero los depósitos bancarios que los contribuyentes bonaerenses tengan en cualquier entidad, inclusive del exterior, sí serán computados a los efectos de definir el alcance del nuevo impuesto: todos los bienes, cualquiera sea su radicación, se suman para estimar el patrimonio.
En el caso del Inmobiliario, la mayor recaudación puede lograrse por una doble vía, ya que se tomará como base el nuevo valor de las propiedades, que surge de un revalúo realizado hace dos años y que aún no había entrado en vigor. El nuevo precio de los inmuebles fue informado a los contribuyentes en la última factura recibida. El dato que todavía no disponen es cómo se pagará el nuevo adicional, ya que ésta es una definición que Ingresos Públicos aún no ha adoptado.
Economía de la provincia elabora algunos ejemplos para precisar el alcance del nuevo gravamen y su presunto espíritu progresivo.
1 Un contribuyente con un patrimonio total de 550 mil pesos que incluye un depósito de 60 mil, sólo paga por el resto de sus bienes con la sobrealícuota mínima de 0,25. Por una casa de 350 mil, tributa un adicional de 875; por otra de 54 mil, paga otros 135 de sobrealícuota; y por un auto de 36,550 añade otros 91 (1101 pesos adicionales).
2 Otro que tiene un patrimonio superior a los 700 mil pesos pero con sólo una propiedad en territorio bonaerense tributa una sobrecarga del 0,5 por ciento sobre la valuación de ese bien que, si fuera de 201 pesos, le obligaría a desembolsar 1005 en el año.
El renunciante Otero –quien dejó el cargo en desacuerdo con la imposición de un salario inicial docente para todo el país que obliga a la provincia a incrementar su gasto en el rubro por encima de lo previsto– había militado sin éxito por la sanción de esta ley que no pudo ser aprobada a fin de año. A juicio del renunciante, eso fue así por “presiones del gobierno nacional”, al que no le gustaba la idea de que Buenos Aires avance en su propio tributo sobre la riqueza. Sin embargo, el camino quedó allanado y su sucesor, Fernández, puede contar ahora con un recurso adicional para subsanar en parte el creciente rojo de la provincia. Según el presupuesto de este año, Buenos Aires tendrá un déficit de 1600 millones de pesos que, previsiblemente, será desbordado, en parte por incrementos de salarios mayores a lo pautado.
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