Después de cinco años de vaivenes, la Corte Suprema intenta cerrar las discusiones sobre los grandes temas que conmovieron los bolsillos argentinos tras el crac financiero de 2001. Intenta, todavía no termina de lograrlo. Resolvió en diciembre la situación de los depósitos pesificados y anteayer la de las deudas hipotecarias con escribanías. Hasta acá, el camino fue trabajoso y el desenlace, meticulosamente planificado.

Para responder a los reclamos de ahorristas, los jueces supremos jugaron a la cronoterapia. Dejaron pasar el tiempo suficiente hasta que un buen día la fórmula pesificadora que había ofrecido el Gobierno (el famoso $1,40 ajustado por el índice CER) coincidiera con el valor de mercado del dólar. Fue una suerte de eclipse que quedó reflejado en un fallo que el tribunal firmó cuando ya había acumulado cerca de 60 mil amparos.

Ya por esa época, en conversaciones relajadas (o no tanto) el ahora titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, daba pistas sobre lo que podía llegar a pasar con las deudas hipotecarias privadas. Se lo escuchaba hablar entusiasta de la “importancia del diálogo de poderes”. Cualquier hijo de vecino bien podía pensar que era una forma diplomática de referirse a algún acuerdo oscuro, un rubro en el que experiencia es lo que sobra. Es, en efecto, una opción todavía difícil de imaginar en un país donde el Poder Judicial siempre fue más proclive a ser adicto que dialoguista.

Desde mediados del año pasado, hubo visitas continuas de la Corte al Congreso y de allí a la Corte. Asesores de uno y otro poder preparaban el terreno para la ley de deudores hipotecarios. El Poder Ejecutivo no quería promover una norma que luego fuera desechada por el alto tribunal. A Sus Señorías les gusta marcar la agenda pública, pero no pretenden causarle descalabros al Gobierno, y menos fomentar aquello que tan en boga puso la crisis: “la inseguridad jurídica”. La Corte procura plantarse en un papel protagónico, cuanto menos poco tradicional, de direccionar políticas. Un estilo no siempre recibido con gracia en despachos oficiales.

En los fallos pesificadores, y en cierta medida en otros como el del Riachuelo, se impuso aquello del “diálogo de poderes”. Es una opción que bien puede dar solución a conflictos enormes, pero que entraña riesgos. Se posa sobre un límite impreciso, una luz roja, que es responsabilidad de los jueces y los funcionarios políticos no sobrepasar, como ocurría en los viejos tiempos. Es un delicado equilibrio, como se suele decir.

Lorenzetti, dicho sea de paso, logró colar su sello en otros puntos. Tanto el fallo sobre la pesificación como el de las deudas entre privados son considerados como un tipo especial de sentencia que plantea como objetivo la “paz social” a futuro –o sea, que no haya un mal mayor–, la protección de los sectores más débiles y los derechos del consumidor.

El supremo tiene otra muletilla, que todavía no pasó la prueba mayor: suele hablar de la necesidad de buscar “consensos” en la Corte. A los jueces les cuesta lograr unanimidad en sus fallos. Es más, les cuesta, aunque coincidan en el resultado, llegar por el mismo camino. Esto se vio en el fallo del jueves, donde hay tres votos distintos y dos jueces que ni votaron. Esto bien puede hablar de una interesante multiplicidad de pensamientos, pero también es una dificultad para establecer una doctrina clara hacia los tribunales inferiores y, como viene advirtiendo la Asociación por los Derechos Civiles –una ONG que monitorea a la Corte–, es algo que complica la claridad hacia la sociedad. Un síntoma de ese intríngulis es que anteayer los jueces amagaron con definir la situación de los depósitos judiciales y no pudieron ponerse de acuerdo.