Imagen uno: el acueducto Lanús-Temperley, una obra esencial para llevar agua potable a esa zona del conurbano bonaerense, terminaría costando 24 millones de pesos, 8 millones por encima de la cotización original. El ente de control ya no tiene peso para auditar esos trabajos y ni siquiera consigue información básica sobre los mecanismos de contratación. Tampoco conoce las razones de la supuesta ampliación del presupuesto para la obra.

Imagen dos: unos 10.000 vecinos del partido de Lomas de Zamora dejaron de recibir la factura del servicio con la advertencia de que los bebés y las mujeres embarazadas no pueden consumir el agua porque está contaminada con nitratos. Así ocurría durante la gestión de Aguas Argentinas.

Cada una de esas imágenes resume una parte de lo que fue el primer año de AySA, la empresa estatal de agua y cloacas que reemplazó a Aguas Argentinas. El Gobierno y las autoridades de la compañía hicieron anteayer un acto para celebrar el aniversario y para trazar un balance de la gestión. Estuvieron presentes 17 asociaciones de consumidores, especialistas en la materia y trabajadores del gremio Obras Sanitarias, cuyo secretario general, José Luis Lingeri, es virtualmente el número dos de la empresa. El presidente es Carlos Ben, ex director de Aguas en representación del grupo Suez, quien mantiene con Lingeri una sociedad política de más de dos décadas. Ellos dos, más José López, secretario de Obras Públicas, y el ministro Julio De Vido como máximo responsable son quienes llevan a AySA adelante.

La empresa contabiliza unos cuantos logros, pero deja mucho que desear en la transparencia de su funcionamiento. Eso genera sospechas, que hasta ahora no pasaron de allí. No hubo ninguna denuncia, aunque algunas asociaciones de usuarios alertan que quedaron semidesmantelados los mecanismos de control. De hecho, en este momento no hay quien fiscalice a AySA, debido a que el Etoss (Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios) fue disuelto hace dos semanas y el ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento), que lo reemplazará en algunas de sus funciones, todavía no fue constituido. Esto se debe a que aún no salió la reglamentación de la ley que creó el marco regulatorio de la empresa. Existe un vacío de control que, en la práctica, se remonta a todo el año de existencia de AySA. El Etoss no tuvo chances reales de auditarla. Entre tanto, la compañía ejecutó un presupuesto de 127 millones de pesos en un valioso Plan de Acción Inmediata.

El marco regulatorio –muy criticado incluso por legisladores del oficialismo– cristaliza esa situación de controles endebles. El ERAS, por lo pronto, no tendrá facultad para sancionar a la compañía, sino que elevará sus observaciones a la autoridad de aplicación: la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que depende de López y, en definitiva, de De Vido. Al Etoss ya le costaba que Aguas Argentinas respondiera a sus pedidos de información sobre los costos de las obras, pero en definitiva podía amenazarla con multas. En este año, AySA directamente se desentendió del tema. El ERAS no tendrá poder para cambiar las cosas. Se estima, por caso, que la empresa aumentó la remuneración a contratistas para reparaciones de emergencia, luego de haber fracasado con una compañía supuestamente vinculada con el sindicato. En agosto del año pasado hubo una estampida de reclamos de los usuarios que había motivado el cambio. Pero todo ello se menciona como trascendidos.

El marco regulatorio también bajó los requerimientos de calidad de AySA: ya no se le exige 10 metros de columna de presión de agua, como ocurría anteriormente, y no necesita cumplir con el 100 por ciento del tiempo ofreciendo agua con menos de 46 mililitros de nitratos.

Más visibles, no obstante, son los logros de la empresa en su primer año. Los reconocen las mismas asociaciones de consumidores que advierten por la situación de los controles. Hay cuatro muy importantes: no faltó agua en el verano, se resolvió el problema de la contaminación con nitratos, hubo provisión de agua en la zona norte del conurbano (Tigre y San Fernando) y la gestión comercial fue eficiente. La morosidad se encuentra por debajo del 5 por ciento, cuando algunos temían que podía producirse un crecimiento importante al pasar del operador privado al público.

Cada uno de esos éxitos fueron posibles porque el Gobierno tuvo decisión política para volcar capitales en la empresa. Se aplicó un plan de emergencia, con un presupuesto de 127 millones de pesos, que mejoró la potabilización del agua, elevó su producción y amplió la cobertura. En La Matanza, 100.000 personas accedieron al agua potable. En total, se ejecutaron 29 obras.

En relación con el marco regulatorio, su mayor mérito es que prohíbe cortar el servicio por falta de pago de la factura. Aguas Argentinas podía hacerlo y era un drama para miles de familias carenciadas. Ahora, en cambio, después de los reclamos de rigor, AySA puede colocar una válvula que restringe la provisión de agua hasta un consumo básico. Es la solución que se aplica en Europa.

El plan de expansión también es ambicioso: de aquí a 2011 la empresa debe extender la red de agua potable para alcanzar a los 2 millones de personas del área metropolitana que hoy carecen de ese bien esencial, mientras que la red de cloacas se completará en el año 2020 y deberá haber progresos parciales cada cinco años. Las obras en su conjunto costarán 17.600 millones de pesos. En este punto, de nuevo, la duda son los controles.