El informe de inteligencia tiene más de 60 páginas. Allí, la “División Reunión D2” de la temida policía salteña, detalla día a día cada movimiento de las agrupaciones docentes en huelga que paralizaron las clases en la provincia. El “informe de actividades” tiene identificado a todos los grupos que adhieren a los “docentes autoconvocados”, los nombres de sus principales referentes, las agrupaciones políticas a las que pertenecen y las direcciones de sus domicilios. Cada parte elevado a la “Jefatura de Policía” y a la “Secretaría de la Gobernación de Seguridad” lleva la firma de un integrante de la policía provincial, su grado y su alias. La carpeta a la que tuvo acceso Página/12, también tiene un apartado con las fotografías y el “seguimiento” de cada uno de los docentes en huelga de hambre que acampan frente a la gobernación y una recomendación del comisario Rubén Armando Sandoval, “jefe de la D2”, a las autoridades políticas de Salta: “Se observa la tendencia a provocar problemas por parte de estos referentes, por cuanto se sugiere un mayor cuidado de la información personal a fin de detectar puntos débiles en su entorno y provocar su desmoronamiento, si no acatan una solución pacífica”.

El CD con la voluminosa información que confirmaría cómo la policía provincial hace inteligencia interior violando la Ley de Defensa de la Democracia –con la supuesta orden o aval del propio poder político– llegó a manos de los mismos docentes que hacen ayuno frente a la Casa de Gobierno de Salta. Los maestros se lo adjudican a las “grietas en el seno del poder” salteño que conduce Juan Carlos Romero y a “las internas del PJ o de la propia policía”. Lo que no cabe duda para los maestros es la veracidad de los detalles del “informe de inteligencia” sobre el prolongado conflicto salarial que postergó el inicio del ciclo lectivo.

Los informes policiales de cada asamblea que los docentes realizan –aun en las zonas más aisladas de la provincia– relevan el nombre y apellido de los oradores y el contenido de sus discursos, el número de asistentes y de las escuelas que participan, las leyendas de las pancartas y hasta las letras de cánticos y consignas. Especialmente, los puntos de cada petitorio y los pasos que llevarán adelante los maestros.

Cada relevamiento lleva la firma de un policía, su grado y su alias. Así aparecen al pie de la mayoría de ellos los nombres de Oscar Gutiérrez, sargento, Pocho; César Lamas, cabo 1º, Kiko; Pablo Solís, cabo, Buki; Guillermo Arroyo, cabo 1º, Guille; Maximiliano Vargas, agente, Maxi; Eduardo Cianci, agente, Pichi; y Rossana Llanes, cabo.

El “aceitado mecanismo de inteligencia” llamó poderosamente la atención a los docentes, que para garantizar el “no aparateo” de las asambleas y evitar “la infiltración” pedía a cada asambleísta el recibo de sueldo docente. Igual que en las asambleas de cada una de las agrupaciones docentes, muchas de ellas realizadas dentro de locales partidarios. Datos que también detallan los informes policiales.

Como conclusión de 30 páginas sobre la actividad de los huelguistas en la capital salteña y las localidades de San Carlos, Cafayate, Animaná, Metán, General Mosconi, Tartagal, Joaquín V. González, Rosario de la Frontera, General Güemes y Orán, entre el 26 de febrero y el 2 de marzo, el comisario Sandoval realiza otra recomendación política. “No entablar diálogo alguno, insistir hasta que caigan los docentes ante las medidas de huelga de hambre impuestas. No dejar llevar la política gubernamental por esos operadores de la ‘democracia’”, escribe el jefe de la D2.

Con el título de “Explotación de prensa” y la clasificación de “medios opositores, oficialistas y tendeciosos”, la carpeta contiene todas las notas publicadas en los diarios locales sobre el conflicto docente y las desgrabaciones de cada entrevista radial en la que hablan los maestros. Allí también se recomienda el “archivo” complementario de las desgrabaciones en las “carpetas” de cada periodista clasificado como de “tendencia opositora”.

Al final del informe, el comisario Sandoval vuelve a hacer gala de su asesoramiento político al gobierno provincial para aplastar a los huelguistas: “Que las autoridades gubernamentales continúen con la campaña informando a los docentes sobre la nueva grilla salarial (propuesta desde el gobierno provincial) y que ‘día no trabajado, día no pagado’. Persistiendo en su posición, no se debe dejar de prever la ‘baja’ de un docente en huelga de hambre, teniendo esta posibilidad como ‘daño colateral’ en la canalización de la propuesta instruida, debiendo con ello demostrar la firmeza de decisiones y no la contemplación que buscan los ‘operadores docentes’, en este año de elecciones”.