A pedido del Congreso Nacional, la Auditoría General de la Nación (AGN) abrió una investigación para detectar si se cometieron irregularidades en el denominado “Caso Greco”. El estudio comprenderá toda la historia del caso, que comenzó en 1980, con la expropiación, por parte del gobierno militar, de las empresas del conglomerado, y se extenderá hasta la actualidad.

En un comunicado distribuido ayer por la tarde, la AGN destacó que tomó intervención tras los votos por unanimidad de los auditores generales. “La AGN ha determinado el objeto de auditoría que abarcará el origen y evolución de las supuestas deudas con el denominado Grupo Greco referida a los aspectos financieros, legales y de control interno, anteriores y posteriores a la sentencia de fecha 28 de diciembre de 2001 y los trámites de consolidación de pasivos del Estado Nacional con el Grupo Greco.”

El grupo de origen mendocino, que llegó a controlar 44 compañías, desde vitivinícolas hasta financieras, reclama una compensación de 600 millones de pesos. El pedido obtuvo sanción en Diputados, pero disimulado en un proyecto que habilitaba la emisión de títulos para “pagos a proveedores”. Al llegar al Senado, la oposición radical alertó sobre la inclusión de los Greco entre los beneficiarios, ante lo cual el propio oficialismo dio marcha atrás.

La ministra de Economía, Felisa Miceli, que había firmado el proyecto, decidió abrir sumarios sobre los funcionarios que habían intervenido en el expediente y desplazó a casi una docena de integrantes del cuerpo legal del Palacio de Hacienda.

La AGN prometió un examen completo. Su dictamen reunirá todas las evidencias que fue dejando el caso desde el inicio y se examinará la actuación de cada organismo competente “en cada una de las etapas del trámite” que ahora se investiga. “Se analizarán las diversas leyes, decretos, convenios y resoluciones del Ministerio de Economía que concluyen en el fallo” que dispuso el pago por parte del Estado Nacional para el grupo en cuestión.

La decisión de la AGN de intervenir en el caso es un paso más para intentar revelar las irregularidades. Desde que estalló el caso, se sucedió una serie de denuncias cruzadas, que dejaron en el primer plano de la pulseada a la actual ministra y a su antecesor, Roberto Lavagna. Ocurre que el fallo judicial en favor del pago a los Greco es de agosto de 2005, cuando el ahora candidato presidencial era ministro. El área legal y técnica, bajo su mando, debía apelar el fallo, pero no lo hizo, dejando vencer los tiempos procesales. Según fuentes cercanas a Felisa Miceli, fueron los letrados y funcionarios vinculados con la gestión de Lavagna quienes alentaron la satisfacción de la demanda de los Greco durante el año 2006, cuando ya había cambiado la titularidad en el ministerio.

La indemnización por 587 millones de pesos a favor de los Greco fue fijada por el juez comercial Francisco Asís de Soto en agosto de 2005, pero no se hizo efectiva. Hace poco más de una semana, el magistrado titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial número 6 decidió apartarse del caso “por decoro y delicadeza”. Se fundó en que el Ministerio de Economía lo denunció por irregularidades en el procedimiento que llevó a tal fallo en favor de los Greco. El apartamiento del magistrado abrió la expectativa, en la cartera económica, sobre una probable revisión del fallo, en la causa que ahora pasó a Cámara para el sorteo de un nuevo juez. A principios de este año, Miceli había reclamado ante la Justicia una medida de no innovar para paralizar la orden de pagarle a los Greco.

Mientras tanto, por efecto de las denuncias formuladas por la ministra de Economía, en Comodoro Py se está investigando a funcionarios del área de Jurídica del Ministerio: Yolanda Eggink, Alberto García y Batriz Pernas.