El Gobierno anunció ayer la revocatoria, por decreto, de las resoluciones que en 1991 habilitaron la venta del paquete de control del astillero Tandanor y su transferencia a un grupo privado por un precio y condiciones que alteraban los fijados en los pliegos de la licitación. “Fue una operación vergonzosa (...), los vicios son manifiestos, notorios, no requieren investigación, son concretos y tangibles”, enunció la ministra de Defensa, Nilda Garré, al dar la noticia. Recordó que en esta causa “están procesados todos los responsables del vaciamiento (...), la lista está encabezada por el ex ministro Erman González, ya fallecido”. Con la decisión de ayer, el gobierno nacional busca cerrar el ciclo jurídico que se inicia con una privatización viciada, continuó con una causa judicial en la que el ministerio se presentó como querellante para evitar que prescribiera y se completa con el retorno de la empresa al Estado. Lo que no cerró, dejando interrogantes y lugar a cuestionamientos y sospechas, es cómo será la continuidad productiva: Tandanor fue recuperada por sus trabajadores cuando la adjudicataria se declaró en quiebra y son quienes hoy están al frente de su gestión, exitosa y superavitaria.

“No fueron consultados porque tampoco se sabe con certeza cómo va a ser el proceso, pero la recuperación para el Estado es el punto de partida para la conformación, entre Tandanor y el astillero Domecq García (son vecinos contiguos), de un polo industrial naval que tendrá un poderoso desarrollo”, explicó un vocero del Ministerio de Defensa ante la consulta de este diario, precisamente a partir de las dudas de los trabajadores y conductores de la empresa. “Está claro que los trabajadores han cumplido un papel destacado en la recuperación de Tandanor; lo destacó la ministra, pero también hay un reconocimiento de parte de la gente de la Armada, que está a cargo del Domecq. Sin duda, están dentro del proyecto”, subrayó la misma fuente.

El temor entre los integrantes de la actual conducción de Tandanor y los representantes gremiales de los trabajadores es que se intente reflotar el proyecto duhaldista impulsado en el Congreso en 2005, a través de una presentación de Eduardo Camaño, Oscar Lamberto y José Antonio Romero. El mismo impulsaba la reestatización de Tandanor (tal cual se hizo ahora) y la creación de una nueva estructura entre dicha empresa y Domecq García (idea que también está presente ahora). Esa estructura se plasmaba en una nueva empresa, Astilleros Argentinos, sociedad en la cual el Estado retendría el 51 por ciento (con participación de la Armada) y se concedería el 49 por ciento a capitales privados del propio sector.

Desde el Gobierno reniegan de que ésa pueda ser la intención final, pero todavía no hubo contactos con la gente que administra Tandanor para aclararlo, por lo cual en este ámbito prevalecen las suspicacias. En rigor, la conducción del astillero, que encabeza Claudio González, está en situación absolutamente precaria desde lo jurídico, ya que formalmente sólo ostentan la representación del juzgado que entiende en la quiebra de Indarsa, la empresa adjudicataria, que fue el que concedió el control de la planta para mantener su funcionamiento y la continuidad laboral.

Nilda Garré, al exponer sobre la decisión del Gobierno, remarcó que los responsables del vaciamiento están cerca del juicio oral. Le apuntó a la empresa Indarsa, “que resultó de la asociación de tres empresas que se presentaron a la licitación en un consorcio que llamaron Industrias Dársena Norte SA”. Esta empresa “pagó sólo siete millones de dólares de la primera cuota, por una operación que se pactó inicialmente en 168 millones y se modificó el pliego para bajarlo a 59,7. Pero prácticamente nunca operó el astillero, salvo para vender en los primeros dos meses de la posesión una planta con casi todo el terreno que lo circundaba (siete hectáreas) en la zona de Retiro”. Esta fabulosa propiedad terminó en manos de IRSA, del grupo Soros.