La Comisión Nacional Reguladora del Transporte podría disponer en las próximas horas una multa a Trenes Metropolitano fundada en deficiencias en el programa de mantenimiento, fallas que habrían provocado la demora en las formaciones que el martes pasado enardeció a un grupo de viajeros frustrados. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, sostuvo ayer que “está en estudio” la posibilidad de la rescisión del contrato, alternativa mucho más drástica que difícilmente podría adoptarse sólo basada en la rotura del compresor y la manga que se repararon tan lentamente.

Después de los incidentes de Constitución, el Gobierno está forzado a dar una respuesta política que satisfaga a la opinión pública, ante la que los responsables de esas prestaciones no están bien conceptuados. No es una novedad que los servicios de trenes urbanos desmejoran progresivamente. Tampoco lo es un desperfecto de aquella naturaleza. Lo singular fue la violenta respuesta de los pasajeros demorados.

Según se informó oficialmente, el ente regulador “está analizando” el desperfecto técnico para evaluar la eventual aplicación de una sanción, previsiblemente una multa. Pero para evitar que la empresa recurra la medida y así evite el pago, el Ministerio de Planificación podría disponer que se descuente del subsidio que cobra periódicamente el adjudicatario para garantizar que la obligación será honrada.

Tanto la aplicación de multas como la común estrategia empresaria de eludirlas con planteos administrativos sobrevivieron a la emergencia ferroviaria, dispuesta por decreto en el 2002, durante la gestión de Eduardo Duhalde, y que flexibilizó el régimen de penalidades.

El concepto que inspiró el dictado de esa excepcionalidad, aún vigente, fue el reconocimiento de que no era posible mantener los mismos parámetros de calidad del servicio previos a la crisis del 2001, cuando el Estado no podía aportar los recursos para hacer las obras necesarias ni mejorar el equipamiento. Este encuadramiento legal relajó las obligaciones del conjunto de los prestadores ferroviarios, que aún están bajo ese paraguas, aunque la situación fiscal haya mejorado y el Estado aumente periódicamente los subsidios a los trenes, básicamente para compensarlos por mayores costos, pero también para avanzar en inversiones demoradas.

Desde el punto de vista legal, esto hace más complicado aplicar sanciones drásticas a los concesionarios, aunque el servicio se pauperice visiblemente. Otra cuestión es que los contratos en teoría vigentes –renegociados con gestiones anteriores– fueron tan modificados por normas posteriores que es complejo invocar su violación. Para darlos por caídos hace falta la voluntad política de tomar una medida ejemplificadora y que el propio concesionario la consienta sin resistir, como cuando a Taselli le arrebataron el gerenciamiento del San Martín.