El Gobierno intenta cerrar un nuevo acuerdo con todas las productoras de gas que le permita garantizar el abastecimiento a usuarios residenciales hasta el año 2011. Pero la iniciativa oficial tuvo un éxito sólo parcial hasta el momento. La primera en apoyar un pacto que compromete a las empresas a proveer determinado volumen y a cierto precio, según el segmento de usuarios, fue Pan American Energy, de la que participa como accionista local Carlos Bulgheroni. Repsol podría ser el próximo en estampar la rúbrica. Tecpetrol, del grupo Techint, está entre las más renuentes a adherir al esquema propuesto por el Gobierno, que la obligaría a detraer el gas de exportación para inyectarlo en los gasoductos domésticos.

El acuerdo buscado implica reeditar el que estuvo vigente hasta diciembre de 2006 y compromete a las empresas tanto en cantidades que ofrecerán para cada categoría de cliente (residenciales, GNC, usinas e industrias) como el precio de venta que facturarán. Para ese pacto global, los técnicos de Julio De Vido propusieron que cada empresa abastezca en la misma proporción que lo hizo durante el lapso que va de mayo de 2001 a abril de 2004, base de cálculo que, por lo arbitraria, genera por igual conformes y descontentos entre las empresas, según la performance en el período de referencia.

Las que a principios del 2000 proveían una cantidad baja a todos los segmentos regulados y hoy hubieran aumentado su producción, por ejemplo, tienen más gas disponible para exportar, opción más lucrativa. El gas para uso domicilio y para GNC tiene precio fijado por la Secretaría de Energía; el de usinas e industrias surge de contratos que respetan un sendero de aumentos acordado con el Gobierno, con un tope infranqueable: no más de 1,8 dólar el millón de BTU (unidad calórica de referencia).

Desde el sector empresario se pretendió imponer el criterio de que el nuevo reparto de obligaciones se haga según cuánto produzcan las empresas en la actualidad y no según lo que hayan provisto en aquel momento. Pero esta idea no prosperó. La francesa Total junto a Pan American –que juntas aportan el 35,5 por ciento del gas natural que se produce en el país–, estuvieron entre las primeras en decir que sí, ya sea porque el acuerdo en sí mismo les satisface o porque adherir a él les permite obtener ventajas en otros ámbitos.

La firma que Bulgheroni comparte con Amoco y BP acaba de obtener del gobierno de Chubut (aunque objetado en la Justicia) una prórroga para explotar por otros cuarenta años el atractivo yacimiento de Cerro Dragón. Lo consiguió diez años antes de que caducara el contrato y con la promesa de invertir un total de 3000 millones de dólares hasta 2017. Pero a condición de que el barril de petróleo no baje de los 63 dólares (promedio del primer semestre del 2006), que no aumenten los impuestos ni regalías y que no se le restrinjan las exportaciones. Condiciones deseables para cualquier actor del rubro.

Hasta ayer Repsol no había rubricado el acuerdo, pero no descartaba hacerlo aunque prefirió omitir cualquier precisión sobre las condiciones. La petrolera de Techint, cuya relación con el Gobierno no atraviesa un buen momento, se muestra esquiva. Con producción de gas menguante, Tecpetrol no quiere asumir el compromiso vender a cada segmento de clientes los mismos volúmenes que, en promedio, entregó en los primeros años de esta década. Esta condición los forzaría a incumplir sus contratos de venta a Chile, con el eventual riesgo de tener que indemnizar a sus clientes. Al Gobierno le urge cerrar estos acuerdos para asegurarse el abastecimiento, pero transcurridos cinco meses de 2007, la discusión aún está abierta.