El Senado empezó a debatir el proyecto de ley que propone la creación de dos empresas estatales para administrar y operar el sistema ferroviario. Ayer hubo una reunión plenaria de tres comisiones, en la que se definió una agenda de trabajo. Más allá de algunas observaciones, la oposición se pronunció a favor del esquema conceptual de la iniciativa. El próximo miércoles, los senadores elevarán sus sugerencias de los puntos a corregir, mientras que una semana más tarde habrá otro plenario para debatir eventuales modificaciones. Ese día irán funcionarios del Ministerio de Planificación. Tras ello, es posible que se firme el dictamen para dejar habilitado el proyecto para su sanción a principios de julio.

El Gobierno está interesado en agilizar el trámite parlamentario. El proyecto que envió al Congreso apunta a ordenar el funcionamiento del sistema de trenes. Contempla la creación de dos compañías de capital ciento por ciento estatal. Una de ellas se encargará de manejar las inversiones, planificar la expansión de las redes y administrar la infraestructura, mientras que la segunda tendrá la responsabilidad de la prestación de los servicios de pasajeros y de carga. Sin embargo, estas compañías no desplazarán a los actuales concesionarios.

Más allá de ordenar y centralizar las funciones, las dos nuevas agencias realizarán en principio tareas que en la actualidad venían desarrollando la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Planificación. Hay, de todos modos, una intención política de recuperar para el Estado la responsabilidad por la estructura ferroviaria.

En el plenario de ayer de las comisiones de Infraestructura, Asuntos Administrativos y Presupuesto y Hacienda, el senador Celso Jaque, presidente de la primera de ellas, explicó las líneas centrales de la propuesta. Por la oposición expusieron los radicales Gerardo Morales y el socialista Rubén Giustiniani. Ambos señalaron que en principio concuerdan con la creación de los entes. Morales calificó como “saludable” la intención de recuperar el rol del Estado, aunque mencionó que el proyecto es “desprolijo”. Giustiniani pidió revisar el esquema de subsidios a los concesionarios privados.

También se debatió sobre la distribución territorial de los subsidios, ya que hay provincias que prácticamente carecen del servicio y aportan a su funcionamiento por rentas nacionales. Finalmente, se discutió sobre el rol de los usuarios.