Los hermanos Francisco Javier y Juan Miguel Trusso, ex dueños del Banco de Crédito Provincial, junto a monseñor Roberto Toledo, irán a juicio oral por estafas reiteradas, según lo resuelto por el juez de instrucción Juan Ramos Padilla. La acusación está vinculada con una presunta estafa cometida diez años atrás, cuando los mencionados habrían simulado un crédito de 10 millones de dólares en favor del Arzobispado de Buenos Aires pero que habrían desviado hacia cuentas en Nueva York de los investigados. Toledo y los hermanos Trusso fueron acusados de haber gestionado el crédito ante la Sociedad Militar Seguros de Vida, presuntamente a pedido del cardenal Antonio Quarracino (ya fallecido), pero al momento de concretar la operación habrían falsificado la firma de este último.

La estrecha relación entre el BCP y la cúpula eclesiástica fue abonada por la firme vinculación de la familia Trusso con la Iglesia. Francisco Eduardo Trusso, padre de los dos banqueros que ahora serán sometidos a juicio oral, llegó a ser embajador del gobierno menemista ante la Santa Sede y estuvo a punto de ser designado titular de la Oficina de Etica Pública justo cuando estalló el escándalo. Diversas empresas ligadas a la curia confiaron sus fondos al BCP, el que pese a contar con el favor de tan poderosos clientes y a los buenos oficios del Banco Central (Pedro Pou era su presidente), no pudo impedir que las diversas maniobras sospechadas de fraudulentas terminaran quebrando el piso sobre el que se apoyaba el banco.

Los Trusso oficiaron de presentador entre la Sociedad Militar y los popes eclesiásticos. Directivos de la primera viajaron al Vaticano por cuenta del BCP, donde tomaron contacto con Toledo y otros representantes de la Iglesia. Al regreso, en junio de 1997, los Trusso le solicitaron a la Sociedad Militar un préstamo en favor del Arzobispado de Buenos Aires por 10 millones de dólares. Los directivos de la Sociedad accedieron, pero el día de concretar la operación se encontraron con que el arzobispo Quarracino no concurrió a la cita. En su nombre se presentó Toledo, quien se llevó de la reunión los documentos y los retornó más tarde con la firma de Quarracino. La preocupación de los prestamistas quedó aplacada cuando los Trusso aseguraron que la firma del cardenal sería corroborada con los registros del Banco.

El dinero, entregado en dos cheques, jamás llegó al Arzobispado. Dos meses después de concretado el préstamo y ante las versiones de la inminente caída del BCP, los directivos de la Sociedad Militar quisieron apurar el cobro de la primera cuota, pero monseñor Toledo desconoció la operación y, por lo tanto, la deuda. En octubre de ese mismo año, 1997, ya caído el BCP, se inició la investigación judicial a cargo en ese momento del juez Juan Carlos Bruni. Para entonces, se investigaba si la firma de Quarracino en los documentos era auténtica y cuál había sido el destino de los fondos. El cardenal no sólo negó toda vinculación con la operación sino también toda relación con los directivos del BCP. El juzgado de Bruni había iniciado, simultáneamente, averiguaciones en torno del presunto manejo irregular de unos 200 millones de pesos, más de veinte mil créditos asentados en el banco a personas que nunca lo habían solicitado o inexistentes, descubiertos con tarjetas de crédito y triangulación de depósitos en el exterior con fondos de ahorristas que no pudieron recuperar su dinero al caer el BCP.

Dos años después, la jueza penal de La Plata Marcela Garmendia ordenaba la detención por primera vez de Juan Miguel Trusso y de monseñor Toledo, por un retiro de 700 mil dólares de una cuenta del Arzobispado que no habrían sido utilizados para ninguna operación vinculada a la misma.

La maniobra del préstamo de la Sociedad Militar es sólo una de las distintas líneas investigativas que sigue la Justicia en torno de las operaciones sospechadas del BCP. Desvío de dineros de ahorristas a través de operaciones offshore, manejo irregular de títulos previsionales de propiedad de jubilados, manejo discrecional de resúmenes de tarjetas de crédito y activos inflados para disimular la bancarrota son parte del menú que, diez años después, todavía es motivo de investigación.