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Mientras las distribuidoras buscan una fórmula que haga políticamente viable su demanda de aumentar las tarifas alrededor del 30 por ciento promedio, los productores presionan al Gobierno por un aumento en el gas al principio de la cadena. Oscar Vicente, vicepresidente de Pérez Companc, ayer puso número a esta última pretensión: duplicar el precio al que las productoras venden ese fluido. Caso contrario, “el año que viene va a faltar gas”, debido a que las petroleras habrían dejado ya de perforar. Unos y otros empresarios coinciden en que las subas deben ser graduales y a través de tarifas que excluyan a los usuarios más modestos. Sobre esta base, el Gobierno analiza avalar un primer aumento menor al 10 por ciento en lo inmediato, que sería reforzado con otro incremento hacia fines de año.
El planteo tuvo como marco el precoloquio empresarial de IDEA, que congregó en el Sheraton Hotel de Pilar a empresarios, consultores y funcionarios ligados al tema de los servicios públicos, cuyos cuadros tarifarios serán modificados en breve tras la realización de audiencias públicas. Este ajuste está planteado como “de emergencia”, a cuenta del que consagre una futura renegociación contractual.
Con variantes según las cuencas, el precio del gas en boca de pozo hoy está a 35 centavos de dólar el millón de BTU (unidad calórica tomada como referencia) contra 1,27 dólares que estaba en el momento previo a la devaluación. Como hipótesis de mínima, Vicente plantea llevarlo a 60 centavos de dólar para que el sector recupere el estímulo perdido.
“Si no ajustamos nos quedamos sin gas. Este año no perforamos, y los pozos comienzan a perforarse antes de noviembre. A este ritmo, el año que viene va a faltar gas”, arremetió ayer el vicepresidente de Pérez Companc, para quien el Estado debe cuidar prioritariamente al transporte y la generación de energía y no sólo a la distribución.
Duplicar el precio del gas en boca de pozo significaría aumentar un 25 por ciento promedio el precio de las facturas de los usuarios residenciales, y un porcentaje bastante mayor a la de otras categorías de clientes. En este sentido, Vicente es una especie de punta de lanza de una estrategia empresaria que involucra a toda la cadena: según hicieron saber al Ente Nacional Regulador del Gas las empresas, la intención es mover toda la estructura de precios hacia arriba aunque con el criterio de salvar de las subas a los usuarios con menor capacidad de consumo.
El precio del gas en boca de pozo está desregulado, pero para que las distribuidoras puedan trasladar el aumento del insumo a las tarifas requieren de autorización oficial. Si aprovechando la libertad de la desregulación, las petroleras encarecieran el gas en boca de pozo sin consensuar esa decisión con el gobierno y el resto de las empresas del sector, los reguladores piensan resolver la afrenta con precios máximos. Una fuente del Enargás admitió ante Página/12 que, ante esta eventualidad, podría invocarse a los artículos 11 y 13 de la ley de Emergencia Económica aprobada el 4 de enero del año pasado, que faculta al Estado a esa forma de intervención.
Las distribuidoras propusieron al Gobierno ajustar las facturas sobre la base de aplicar el CER, es decir, una suerte de ajuste por costo de vida -que en los primeros siete meses acumuló un aumento de casi el 35 por ciento– o por el impacto del aumento de los precios mayoristas sobre sus costos. Aceptan, además, que del aumento se exceptúe a los usuarios de menor consumo y se aplique un incremento mayor a las industrias exportadoras, que podría llevar el alza en las facturas de gas de estas últimas al 50 por ciento. Sin embargo, difícilmente las aspiraciones ya planteadas informalmente ante la comisión renegociadora y el ente sean plasmadas los próximos días en un papel, tal como reclamó el Gobierno alconjunto de las privatizadas. Estas se rehúsan a compartir el costo político del aumento, tal como aspira Economía.
Las aspiraciones empresarias no están muy a contramano de las consideraciones del Gobierno, salvo la intención de discriminar en contra de las grandes industrias. El Ministerio de Economía considera viable en lo inmediato una suba tanto para las tarifas de gas como eléctricas del 8 al 9 por ciento, pero sólo como un primer peldaño. Hacia fin de año, según se especula en los despachos oficiales, podría haber un incremento similar, si se consigue ahora sellar un compromiso que supere los filtros de la audiencia pública y el Congreso.
Será tarea del próximo gobierno reelaborar los cuadros tarifarios y fijar nuevas condiciones contractuales que, presumiblemente, consentirán de algún modo el dramático proceso de desinversión actual. Valga de ejemplo el dato aportado ayer por un trabajo de Strat Consulting, presentado por Mario Guaragna: las inversiones eléctricas se redujeron a menos de un cuarto de lo que fue su media en la década pasada.
El otro punto medular de la estrategia de Roberto Lavagna es separar de esta discusión el peso de la deuda externa de cada firma. “Tienen que renegociarla con la ayuda de sus casas matrices, ya que muchos operadores son extranjeros. Este problema no puede solucionarse a través de la tarifa”, explicaba ayer a este diario una fuente oficial.