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Según el Cuerpo Médico Forense, el crimen de Diego Peralta se habría cometido entre 15 y 20 días antes del hallazgo de su cuerpo. Si realmente ocurrió así, el chico habría sido ejecutado entre el 23 y el 28 de julio, después de que su familia pagara el rescate y antes de que el caso tuviera difusión pública. Lo que resta saber, en cualquier caso, es quiénes lo secuestraron y por qué lo mataron. La hipótesis más firme que manejan los investigadores habla de una banda de inexpertos en este tipo de delitos, que contaba con protección policial. En las primeras fojas del expediente que instruye el juez federal Carlos Ferreiro Pella están los nombres de dos policías de El Jagüel, uno de ellos con grado de oficial, señalados por los vecinos como los que manejaban la protección de delincuentes y la extorsión a comerciantes. Aún no están imputados pero hacia ellos está dirigida la mira de los investigadores.
La mayor certeza del caso, hasta ahora, es el resultado de la autopsia. La causa de la muerte de Diego fueron “las heridas cortantes que recibió en el cuello, y le provocaron una hemorragia externa al afectarle la vena yugular”, según confirmó a Página/12 un médico forense que intervino en el examen. Es cierto que se encontró plancton –microorganismos presentes en el agua estancada– en los pulmones y las cavidades cardíacas. Ese dato, en los cuerpos que llevan pocas horas en el agua, indica que la víctima murió ahogada. “Pero la presencia de plancton es normal en todos los cuerpos en estado de descomposición”, aclaró el perito, por lo cual no se puede sostener que Diego fue arrojado al agua cuando aún estaba con vida.
¿Por qué el cuerpo apareció entre quince y veinte días después de haber sido arrojado? O porque le ataron un lastre para que se mantenga hundido –la víctima tenía un trozo de tela atado al cuello– o porque el frío del agua –en promedio, en la tosquera donde apareció, es de 4 grados– retrasa la putrefacción.
Ni siquiera hay certezas sobre la responsabilidad del único detenido, Juan Paulo García, vecino de la víctima. Lo que se sabe es que García hizo un llamado extorsivo al padre de Diego el 2 de agosto último, cuando la familia ya había hecho público el caso, y fue detenido poco después. “Para el padre, su voz era la misma que lo había llamado nueve veces, desde el 5 de julio, día del secuestro, hasta el 20 de ese mes, cuando se pagó el rescate”, dijo a este diario el abogado de los Peralta, Marcelo D’Angelo.
García admitió, en la indagatoria ante Ferreiro Pella, que hizo ese llamado, pero como una “picardía”, para sacar una ventaja económica. Negó haber participado del secuestro, pero aseguró haber sido testigo del mismo: hizo un relato minucioso del hecho, que coincidió con el que aportó el remisero que llevaba a Diego en el momento del secuestro. La clave para definir su situación parece estar en la pericia de voz, ordenada este lunes por Ferreiro Pella: se cotejará la grabación del llamado de García con los realizados por el negociador de los secuestradores.
El modo en que mataron a Diego, con un cuchillo de cocina, indica la intervención de gente “poco profesional”, según la jerga de los investigadores. Pudo tratarse de una banda mixta, con protección policial. Desde los vecinos y comerciantes de El Jagüel hasta los pibes con cuentas pendientes con la policía señalaban ayer a dos efectivos del servicio de calle de la seccional. “Si no fueron ellos, sabían o los protegieron”, coincidían, conocedores de los negocios que ambos tejen a un costado de la ley.