No hubo sorpresas en el resultado: el índice de desempleo del segundo trimestre difundido ayer confirmó el dato anticipado por el presidente de la Nación una semana atrás, alcanzando al 8,5 por ciento de la población económicamente activa. Así, la expectativa de que se confirmara un indicador inferior al 10 por ciento, para dar lugar al reclamo del sector empresario de eliminar la indemnización especial por despido, se cumplió. Las novedades, sin embargo, se produjeron puertas afuera del Indec, ya que en las calles hubo forcejeos y alguno que otro golpe entre policías y parte de la planta de trabajadores del organismo que denuncian manipulación de los índices (ver nota aparte). Voceros del organismo defendieron la consistencia de los datos, que reflejan una tendencia que –a diferencia de las mediciones de precios– coincide con la observada por los analistas privados: un paulatino pero constante descenso de la desocupación y cierta tendencia al amesetamiento en el subempleo (trabajadores de jornada parcial que desean trabajar más horas).

La tasa de desempleo del segundo trimestre del año es el registro más bajo desde 1993 a la fecha. Ya en el cuarto trimestre de 2006 y en el primero de este año, el indicador se había ubicado por debajo del 10 por ciento (8,7 y 9,8 por ciento), pero es recién entre abril y junio cuando la tendencia se consolida, con una baja de casi dos puntos en relación al año anterior. Ya a fines de 2005, la desocupación había bajado al 10,1 por ciento en el cuarto trimestre, pero esta tendencia no logró sostenerse en los tres trimestres posteriores, ya que se elevó al empezar 2006 al 11,4 por ciento y, pese al descenso en los dos siguientes, se mantuvo por encima del 10,1 del año anterior.

Según algunos especialistas, después de una rápida recuperación del empleo entre 2003 y 2005, de la mano de la reactivación económica, entre ese último año y 2006 el proceso estuvo caracterizado por el pase de empleados en negro al trabajo en blanco más que por la creación de nuevos empleos. Para el Indec, los trabajadores en negro son ocupados y no distingue por el grado de legalidad de su forma de contratación. En cambio, otros estudios, como el de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo, sólo computan el trabajo registrado. Así se explicaría que mientras este último indicador siguió mejorando ininterrumpidamente, el que mide el Indec haya tenido un “bache” a principios de 2006.

De acuerdo con la estimación del Indec, el actual porcentaje representa un total de 935 mil personas desocupadas repartidas en los 31 aglomerados urbanos en los que se realiza la encuesta. Dentro de ese mismo ámbito geográfico, el Indec computa 10,1 millones de personas ocupadas.

Dichos cálculos contemplan a los beneficiarios de planes Jefas y Jefes de Hogar según su actitud frente al mercado de trabajo: como ocupados si realizan una contraprestación laboral a cambio de la asignación de un plan; como desocupados a los que no realizan contraprestación y buscan empleo, y como inactivos a los que no realizan contraprestación pero tampoco buscan empleo.

Pero al considerar como desocupados a los que, aun realizando tareas a cambio de una asignación, están buscando otro trabajo en el mercado, la tasa de desempleo crece al 9 por ciento. Cuando, de otra forma, se computa como desempleados a todos los beneficiarios de planes Jefas y Jefes que realicen tareas a cambio, independientemente de que busquen o no trabajo, la tasa se eleva al 9,5 por ciento.

Estos resultados estarían señalando que la cantidad de beneficiarios de planes Jefas y Jefes que trabajan a cambio de la asignación (usualmente, en tareas para municipios) han reducido notablemente su incidencia en los índices. En el año 2003, la diferencia entre las tasas de desempleo con y sin beneficiarios de planes superaba los cinco puntos. Hoy la distancia es de apenas un punto. La explicación que da la cartera laboral es que muchos de los anteriores beneficiarios dejaron los planes al haberse incorporado a empleos genuinos. De acuerdo con los datos anteriores, los beneficiarios con contraprestación laboral no serían hoy mucho más de 110 mil (uno por ciento de la población económicamente activa).

Según el propio informe del Indec, la cantidad de subocupados alcanzó en el segundo trimestre de este año a 1.122.000 personas, con una tasa del 10,2 por ciento sobre la población económicamente activa, superior al 9,3 por ciento registrado en el primer trimestre. Es decir, que aún no se consolida la tendencia a la baja en el subempleo, al cual pareciera costarle perforar el piso del 10 por ciento. Adicionalmente, se verifica que la subocupación demandante (aquellos que teniendo un trabajo de tiempo parcial buscan activamente otro empleo) se mantiene desde hace dos años y medio entre el 7 y el 9 por ciento (salvo en el primer trimestre de este año). La subocupación no demandante (los que desean trabajar más pero no salen a buscar al mercado) se mantiene entre 3 y 4 por ciento de la población activa.

Este millón cien mil subocupados podría considerarse un universo adicional de población con problemas laborales al que representan los desocupados plenos. Así, se trataría de más de dos millones de personas con dificultades para trabajar en las condiciones deseadas, que no logran reinsertarse en las condiciones que hoy demanda el mercado. Hacia ellos deberían orientarse las políticas de empleo, para no perpetuarlos como excluidos.