La situación de los deudores que tomaron créditos con el Banco Hipotecario antes de la convertibilidad –abril de 1991– entró en etapa de definición. Todavía arrastran esa carga más de 100 mil personas, de las cuales más de 20 mil se encuentran en mora, con riesgo de ejecución de la vivienda. Su problema fue la indexación de los créditos a partir de 1993, por medidas tomadas tras la implementación del uno a uno. Una comisión especial del Congreso emitió ayer un dictamen para rescatar a los deudores. En forma paralela, fuentes oficiales revelaron a Página/12 que el Ministerio de Economía y la entidad financiera anunciarán la próxima semana un acuerdo para suspender los remates por otros 180 días, hasta marzo de 2008, y para consensuar de aquí a fin de noviembre una solución para el conjunto de deudores.

“Le pedimos al banco y aceptó hacer una tregua hasta marzo del año que viene. Esta vez no habrá una norma dictada por el Gobierno, sino que el banco se presentará ante la Justicia para expresar causa por causa su compromiso de suspender las ejecuciones por 180 días”, comentaron desde el Palacio de Hacienda. A cambio, la cartera que conduce Miguel Peirano y representantes del Hipotecario discutirán cómo arreglar la situación de deudores en regla y morosos. La entidad reclama un subsidio estatal, lo que hasta ahora fue rechazado por el Gobierno.

El Hipotecario busca con esa negociación frenar un proyecto de ley que empezó a cobrar cuerpo en el Congreso. Una comisión integrada por diputados, senadores, funcionarios de Economía, de Justicia, representantes de los deudores y del banco discutieron los últimos cuatro meses cómo resolver el entuerto. Finalmente, la comisión dictaminó ayer y elevó a ambas cámaras parlamentarias un proyecto que rescata a los deudores. El banco lo rechazó..

El proyecto establece que se deben respetar las condiciones originales de los créditos y que aquellos que ya las cumplieron tienen derecho a dar por cancelado el préstamo. Hay casos en que el plazo original del crédito era de 240 meses y fue extendido, por la indexación posconvertibilidad, a 999 meses. Hay deudores que pagaron regularmente durante los últimos 20 años –el plazo previsto inicialmente– y todavía deben 22 años. Según el proyecto, esas personas ya no tendrían que pagar más.