Con un año y medio de retraso respecto del acuerdo original, Néstor Kirchner firmó el decreto que avala un nuevo contrato con Aeropuertos Argentina 2000, grupo que integran la Corporación América y la italiana SEA. El nuevo convenio habilita la incorporación del Estado como socio, que por esta vía intentaría cobrarse las millonarias acreencias que acumuló contra ese concesionario. Pero en el año y medio de demora que medió entre aquel acuerdo y el texto rubricado por el Presidente, la deuda del consorcio liderado por Eduardo Eurnekian habría descendido sin explicación de 850 millones de pesos a los 570 millones que hoy reconocen los voceros privados.

El proceso fue tan críptico y opaco como este final de la historia, que tiene como punto medular una compensación de reclamos cruzados entre las partes. Eurnekian nunca honró debidamente su obligación de pagar los 171 millones de pesos (dólares) de canon comprometidos en la licitación que ganó en 1998 ni ejecutó las inversiones comprometidas. El Estado, por su parte, se habría demorado en la entrega de un par de las 33 estaciones aéreas concesionadas y también omitió algunas obras que quedaban bajo su órbita.

Esta puja llegó a los tribunales. Pero estuvo a punto de concluir con el decreto 1535 del 2002, firmado por Eduardo Duhalde, que reformulaba el contrato en términos que fueron considerados excesivamente concesivos hacia la empresa privada por el matrimonio Kirchner. Tan así es que la norma quedó sin efecto y, bajo el amparo de la Emergencia Económica, volvió a discutirse el marco de la concesión. El otro cierre se insinuó en junio del año pasado, cuando Planificación y AA2000 acordaron los términos básicos de un nuevo acuerdo quizá más ventajoso que el duhaldista y que, como gran novedad, transformaría al Estado en accionista minoritario.

Para entonces, la compensación de deudas arrojaba un saldo a favor del Estado de 850 millones de pesos, según consta en un comunicado difundido en junio por el propio grupo privado. Pero según aseguraba ayer el mismo concesionario, ese importe habría derrapado a 570 millones y el modo de cancelar esta deuda privada aún no estaría precisado.

A mediados de 2006, el grupo proyectaba hacer un pago efectivo de 100 millones de pesos. El resto sería capitalizado por el Estado a través de la suscripción de obligaciones negociables que se convertirían luego en acciones ordinarias y preferidas. Este esquema básico habría sobrevivido pero como un menú de opciones: hasta anoche no estaba claro si la capitalización se concretaría, ni en qué proporción.

En principio se estimó que la participación pública podría llegar hasta un máximo del 40 por ciento, aunque esto depende en cierta medida de a cuánto coticen las acciones de AA2000 cuando se haga su prometida oferta pública en Bolsa. Al cotejar ese valor unitario con el importe pendiente de capitalización surgiría la porción de títulos que quedarán en la cartera estatal.

Otro punto medular de la reformulación de este negocio es que las grandes variables contractuales dependerán del tráfico, es decir, de la evolución del negocio. El canon será proporcional a los ingresos y no un importe fijo como en origen, prerrogativa que ya estaba consagrada en el decreto duhaldista. Las inversiones tampoco estarán ajustadas a un plan fijo, sino que se definirán en función de las necesidades que identifique el concesionario, con la anuencia del ente regulador.

Al menos en este punto, AA2000 pareciera dispuesta a hacer un esfuerzo mayor: a través de su vocero hoy promete invertir “2000 millones de dólares en un lustro” contra los 1300 que sugería hace poco más de un año su presidente, Ernesto Gutiérrez. Entre otras cuestiones a precisar, falta definir cómo aportaría el Estado a ese plan de obras, si efectivamente se integra a la sociedad. Esta vía, sin embargo, parece la única factible para cobrar aunque sea algo de la deuda acumulada por Eurnekian, a quien, paradójicamente, la presidente electa profesaba muy poca simpatía.