La CIA admitió haber destruido en 2005 dos videos grabados en 2002 que contenían interrogatorios a dos presuntos miembros de la red terrorista Al Qaida sobre los que se ejercían técnicas denunciadas como tortura. La revelación llegó por escrito a los empleados de la Agencia Central de Inteligencia, firmada por su director, Michael Hayden, quien admitió haberse visto obligado a dar ese paso después de tener conocimiento de que el diario The New York Times iba a publicar la información.

Cuando se destruyeron las cintas, en 2005, la CIA estaba sometida a un fuerte escrutinio legal por parte del Congreso, que cuestionaba su programa de detenciones secretas –reconocido en 2006 por el presidente George Bush–. La Agencia alega ahora que haber mantenido los videos hubiera supuesto “un riesgo para la seguridad”, en palabras de Hayden. Pero el temor de la CIA en 2005 parece ser otro: de haber sido públicos los interrogatorios que contenían métodos de tortura como el llamado submarino, los agentes hubieran tenido que dar algunas explicaciones ante la ley.

En el comunicado enviado el jueves por el director a sus trabajadores, Hayden asegura que las cintas se destruyeron “para garantizar la seguridad de los agentes encubiertos” y porque ya “carecían de valor para el espionaje”. “Si en algún momento se hubieran filtrado, hubieran permitido la identificación de nuestros colegas de la CIA que participaron en el programa, exponiéndolos a ellos y sus familias a represalias de Al Qaida y sus simpatizantes”, escribe Hayden en la carta.

Según agentes en activo citados por el Times, la decisión de destruir los videos fue tomada por José A. Rodríguez, entonces jefe de la Dirección de Operaciones, el departamento más secreto de la Agencia. Otras dos fuentes confirmaron al diario que Porter Goss, al frente del espionaje en aquella época, no fue informado de la desaparición de las cintas y se enojó cuando lo supo. En su nota, Hayden asegura que tanto el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes como el del Senado estaban al tanto de la intención de la CIA de deshacerse de las películas para proteger la identidad de los interrogadores.

La reacción no se hizo esperar. El Capitolio hervía ayer con la noticia. La representante demócrata por California, Jane Harman, entonces en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, fue una de los miembros del Congreso a los que se informó en 2003 de la existencia de las cintas y de la intención de destruirlas. “Le dije a la CIA que hacer desaparecer los videos de los interrogatorios era una pésima idea y le pedí que no lo hicieran”, aseguró Harman ayer.

Si es cierto que a ese reducido número de congresistas se le comunicó los planes de hacerlas desaparecer, nada se les dijo cuando dos años más tarde fueron finalmente destruidas. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el demócrata Jay Rockefeller, comunicó ayer que ese comité tuvo noticia de la destrucción en noviembre del año pasado. Sin embargo, Pete Hoekstra, representante republicano por Michigan y entre 2004 y 2006 presidente del Comité de Inteligencia del Senado, comunicó ayer a través de un portavoz que él no recordaba haber sido informado sobre el programa de grabación de los interrogatorios.

La reacción tampoco se hizo esperar desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos y civiles. En opinión de Jennifer Daskal, consejera de Human Rights Watch, la destrucción de los videos es “ilegal”. “De lo que aquí se está hablando es de que se han destruido pruebas”, sostuvo la ONG. Una de las cintas destruidas era el interrogatorio de Abu Zubaydah, lugarteniente de Osama bin Laden y muy bien situado en el organigrama de Al Qaida. Del otro interrogado se desconoce su identidad. La destrucción de los videos abre ahora la incógnita sobre si la Agencia de Inteligencia ocultó información al Congreso, los tribunales –entre ellos al que juzgó a Zacarias Mussaui– y la comisión del 11 de septiembre. En ese caso estaríamos ante obstrucción a la Justicia, aseguran desde las organizaciones de derechos civiles.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.