El sindicato de los técnicos aeronáuticos desconoció la facultad del Ministerio de Trabajo para entender en el conflicto de Aerolíneas Argentinas e intervenir para buscar un acuerdo entre los gremios y la empresa. “El ámbito pertinente para discutir y solucionar los problemas de Aerolíneas y Austral no es el Ministerio de Trabajo, sino el de Planificación Federal y el de Economía”, afirmó la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico APTA en un comunicado difundido ayer.

El documento fue firmado por Juan Pappalardo, titular del gremio en reemplazo de Ricardo Cirielli, que hasta hace pocas semanas era responsable de la subsecretaría de Transporte Aerocomercial. Cirielli fue separado del cargo por fuertes desavenencias con Ricardo Jaime, secretario de Transporte, por lo cual la actitud de ayer de su gremio fue interpretada en ámbitos oficiales como una renovación de la ofensiva del sindicalista. “Está amotinado”, definió una fuente oficial.

La actitud de APTA busca quebrar la estrategia del Gobierno de alcanzar un “pacto social” entre la empresa y los gremios, que permita dirimir los conflictos sin paralizar los vuelos, como ocurrió repetidamente y se reiteró este mes, provocando reacciones y protestas de pasajeros en Ezeiza y Aeroparque. La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, recibió ayer al titular de la Unión del Personal Superior de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Rubén Fernández, y hoy hará lo propio con la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). Anteriormente, lo había hecho con la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

APTA, en cambio, desconoce el ámbito del Ministerio de Trabajo y sostiene que son Planificación y Economía “los que ejercen el control de las acciones estatales y que deben aprobar o no los balances empresarios”. Admitió que si fueran convocados irían, pero “sólo por razones de cortesía con el ministro de Trabajo (Carlos Tomada), pero esa convocatoria para APTA es irrelevante, tanto en lo gremial como en lo empresarial”.

En el comunicado, el gremio destacó “los gravísimos problemas que tienen Aerolíneas y Austral, que se iniciaron hace 6 años”, y cuestionó a los accionistas de la empresa. “Los dueños del grupo Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, han incumplido todas sus obligaciones de compra convenidas contractualmente en 2001”, apuntó APTA y recordó que “el Estado español, a través de la SEPI, le dio 758 millones de dólares que Marsans cobró pero jamás llegaron a su destino, expresamente fijado en la venta de Aerolíneas y Austral”.

Ahondando sus diferencias con el Gobierno, APTA subrayó en su comunicado que “a partir de noviembre de 2006, el gobierno de Néstor Kirchner decidió hacerse socio de aquellos a los que, durante tres años seguidos, acusó judicialmente de delinquir contra Aerolíneas Argentinas, el Estado Nacional y el interés público argentino. Con lo cual, de ahí en más, se convirtió en su cómplice y encubridor. Lo cual explica su total sintonía discursiva, estratégica y de objetivos actuales con Marsans”.

En una entrevista publicada por Página/12 el 3 de enero, Ricardo Cirielli, ya fuera de hecho de su cargo, apuntó contra Jaime acusándolo de ser “un mediocre que se rodea de inútiles (...). En un país en serio, no puede haber funcionarios como Jaime”. Ahora, desde el llano y a través de su gremio, sigue apuntando y disparando.