Ante el compromiso de Shell de acompañar la política de precios oficial y extremar los esfuerzos para abastecer de combustible, el Gobierno decidió levantar las restricciones que pesaban sobre la exportación de los productos de esa firma. El acuerdo fue el resultado de una reunión entre el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; el de Coordinación y Planificación, Roberto Baratta; y el titular de esa petrolera, Juan José Aranguren, promovida por el embajador británico en la Argentina, John Hu-ghes, quien entre 2003 y 2004 también formó parte del staff de la empresa privada.

El viernes pasado, la petrolera había informado a las estaciones de servicio bajo su bandera que, ante la imposibilidad de seguir almacenando los productos refinados (básicamente, naftas) que no podían exportar por la prohibición oficial, disminuirían el ritmo de producción, lo que podría generar faltante, básicamente de gasoil. Si bien la advertencia empresaria está fundada en una dificultad real, el episodio no puede verse alejado de la puja constante con el Gobierno, que no consigue subordinar a la petrolera a sus políticas de producción y precios.

Pero esta vez no hubo ninguna airada réplica oficial, sino un intento genuino de acercamiento, como prueba el hecho de que Aranguren y Moreno se hayan sentado a la misma mesa y, de algún modo, hayan habilitado una tregua. Después del extraordinario cónclave, las partes dudaron mucho acerca de cómo comunicar los términos en los que se produjo el dificultoso acercamiento, que siempre tiene la sensación de ser muy precario.

La empresa eludió precisiones. Pero a través de una carta distribuida a los estacioneros de su red informó sobre el encuentro al que le atribuyó el propósito de “asegurarnos, en la medida de nuestras posibilidades y en todo lo que esté a nuestro alcance, maximizar la capacidad de elaboración de nuestra refinería Buenos Aires”. El mismo párrafo señala las prioridades de esa producción, sintonizados con el criterio oficial: los combustibles se ofrecerán “a nuestros clientes en el mercado interno y, en la medida en que éste no lo requiera”, se procederá “a su venta al exterior”.

A través de esa nota, Shell también celebra que se haya “abierto una instancia de diálogo”, que alienta “nuestra confianza en que la actual saturación de la capacidad de almacenaje, incompatible con el nivel óptimo de la producción, será resuelta a la brevedad”, descartando de esa manera el faltante sobre el que habían advertido el viernes.

Al mismo tiempo, fuentes oficiales se refirieron al pacto en ciernes, el de mayor envergadura desde que comenzó el enfrentamiento entre el Gobierno y la petrolera, a mediados de 2005, cuando Néstor Kirchner convocó a un boicot contra la empresa, después de que ésta aumentó los precios al margen de lo que hacía el resto. “Shell acompañará la política de precios indicada por el Gobierno y extremará sus esfuerzos para el abastecimiento. Por eso se levantaron las restricciones sobre sus exportaciones.”

Los mismos voceros oficiales advierten que se iniciará junto a representantes de la compañía un análisis de costos y rentabilidad del sector refinación. Enunciado con esta ambigüedad, el dato sólo habla de que hay discusión y diálogo donde hasta ahora sólo había intercambio de hostilidades.

Shell juega de díscola, rebeldía que, lejos de atenuarse con aquel boicot, se acentuó desde entonces. No sólo aprovechó el contexto de precios libres para colocar los suyos siempre un poco por encima de la competencia, sino que desafió el corset que el Gobierno quiso imponer varias veces: fabricando productos premium (y que por esto justificaban un valor mayor); negándose a importar gasoil a pérdida para abastecer el mercado interno y siendo la última que retrotrae los valores en surtidor, después de que el Gobierno consigue lo propio de las otras refinadoras. Bajo el liderazgo de Moreno, las administraciones kirchneristas golpearon con todos los recursos a mano, incluido el de no autorizarle exportaciones, una interesante fuente de lucro.