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Por Mario Toer *

Resguardar la inteligencia

Con atención y sorpresa he seguido la presunta respuesta de Novaro, Palermo y Bonvecchi al muy buen artículo de Sebastián Etchemendy y Philip Kitzberger. No sé si será el roce social que permite el progreso profesional, o una cierta indigestión de lo que publican los propios medios o, en todo caso, cierto exceso de consumo de la producción académica de algunas universidades norteamericanas, la cuestión es que algunos intelectuales parecen haber olvidado aspectos elementales de la dinámica de lo social. Critican que S.E. y P.K. invierten las valoraciones de las conductas de unos y otros al contrastar las prácticas del lockout sojero con las marchas “piqueteras”. Pero, precisamente, ésa es la principal virtud del artículo, lo que llaman poner las cosas en perspectiva. S.E. y P.K. sin duda pretenden dar una respuesta a la banalidad de los círculos liberales que se torna aún más burda cuando proviene de gente que ha tenido oportunidades de leer unos cuantos libros. El caso paradigmático es el de Beatriz Sarlo, quien despliega su empobrecido pensamiento en La Nación bajo el título de “Provocación”; claro está, referido a la irrupción de los “piqueteros de D’Elía”. Y lo sucedido días pasados, con seguridad, se trata de una provocación. Pero no de las organizaciones populares (no sólo el FTV, sino también el Movimiento Evita, el Frente Transversal y otros) que tuvieron el tino de movilizarse hacia la Plaza cuando era transitada por grupos de “espontáneos” parroquianos encacerolados (junto con integrantes del PRO, el ARI y el PCR), sino por lo grotesco del despliegue que desde muchos medios se estaba haciendo de ese momento (el “fundamento empírico” de la “espontaneidad” parece que lo proveían las marcas de las pilchas en uso para la ocasión). Con acierto, D’Elía manifestó que se movilizaban a la Plaza porque presenciaron lo que tantos veíamos con estupor e indignación desde nuestras casas: se estaba transmitiendo “en cadena”, en vivo, la presencia de “ciudadanos” que reclamaban que el Gobierno, la Presidenta, “se vayan” (el “fundamento empírico” que denotaba este reclamo eran los carteles y los gritos pelados), embelleciendo la nobleza del alboroto, en supuesto apoyo de “el campo”, de una manera en extremo parcial y facciosa, alentando a todas luces que se incrementara esta presencia cuyos conectores con la desestabilización institucional, a la luz de la historia argentina (que algunos han olvidado), no podían ser más elocuentes. Y la recuperación de la Plaza se produce después de una prolongada cinchada en Avenida de Mayo, donde buena parte de los grupos organizados que se encontraban en un inicio intenta impedir la entrada de los leales a las instituciones. Las cámaras no pudieron ocultarlo. Los “ciudadanos” que pedían la caída del Gobierno arrojaban sus cacerolas y otros menesteres a quienes venían a poner un límite a la escalada avalada por los canales de televisión. Los recursos de los “piqueteros de D’Elía” (acotar así esta presencia fue uno de los mayores fraudes mediáticos que pulularon y los articulistas ahora lo reiteran) no distaron de los usuales en un scrum de rugby y la gente con averías fue notablemente escasa y mayor en el bando de los recién llegados. Un diario de la amplia trenza mediática que defiende a la “ciudadanía” muestra una secuencia fotográfica de una militante de la agrupación Evita golpeada y la presenta como si fuese una “ciudadana” víctima de las “fuerzas de choque para gubernamentales” (al decir de M. N., V. P. y A. B.). Groserísimo. Hete aquí que para estos sociólogos y el politólogo aggiornados, las huestes gubernamentales movilizadas en términos de la más absoluta autodefensa han sido promotores de violencia y persecución de las ideas de la oposición. Siniestro. Extraña que pueda haber gente inteligente que convalide a uno de los estragos más violentos que existen en nuestra vida cotidiana, que se produce por el hecho de que debemos hacernos la composición de lugar en relación con el mundo en el que estamos parados y elegir a nuestros mandatarios y legisladores con la información que nos proveen empresas comerciales que actúan como supuestos “medios de comunicación”, privados, transables, a disposición del mejor postor (los de “arriba”, obvio), cuando por un resguardo al sentido común de la más pura estirpe liberal democrática deberían ser emprendimientos públicos y plurales que aseguren que el común de los ciudadanos accede en similares proporciones a los diversos relatos que la realidad ocasiona. No sé en qué aeropuerto perdieron estos articulistas los textos que explican las posibilidades de la libertad y la democracia. Deberían recordar que ningún atributo vinculado con estos valores, aún precarios en todo el planeta, fue concedido graciosamente por los poderosos de la tierra. Si los de “abajo” no hubieran puesto el cuerpo con ardor (como tantas veces y con tanto costo lo hicieran en la historia) nuestros aventajados articulistas se encontrarían en nuestros días defendiendo, como ahora, el orden establecido, pero sería de una sociedad esclavista. Por suerte, el apabullante e insolente despliegue que circuló en los medios que motorizaron el lockout sojero ha generado una reacción ciudadana en resguardo de las instituciones y de la inteligencia pública, uno de cuyos más dignos y elocuentes exponentes ha sido la declaración del consejo directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. A mi modo de ver, el principal problema no lo constituyen tanto nuestros sojeros, sino los medios que los conjuran. Sigue siendo largo el camino.

* Profesor de Sociología y Política Latinoamericana (UBA).

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Por Sebastián Etchemendy y Philip Kitzberger *

El gobierno actual y la democracia política

El artículo que publicamos el 3 de abril sobre el conflicto del campo, criticando las inconsistencias de miradas liberal-demócratas, causó algún revuelo y debate, incluyendo a Marcos Novaro, Vicente Palermo y Alejandro Bonvecchi (en adelante Novaro et al.) en una respuesta publicada en este diario. Nuestro aporte a la democracia (ése del que Novaro et al. dudan) intenta ser precisamente el siguiente: recalcar la necesidad de un liberalismo democrático moderno en la Argentina, que respete las reglas de juego de la democracia política, como no sucedió después de 1955.

Para evitar ambigüedades dejemos claras algunas premisas: en las democracias, la palabra (y la organización de las voces colectivas en el espacio público) es el límite. Como recuerda Weber, la política siempre tiene elementos de lucha y confrontación. La política republicana, sin embargo, les pone un marco a esas luchas: no admite que ninguna voz sea desplazada del ágora por la violencia. Está mal en todos los casos, con independencia de circunstancias y motivos. Así, nuestro artículo previo critica “la ocupación intimidante de la plaza” por parte de D’Elía y su grupo. Otra premisa es que en la política real no existe el lenguaje de la imparcialidad (como en los salones de los filósofos del derecho). Los actores se constituyen con discursos en los que hay sesgos y valoraciones, en los que se expresan conflictos y posicionamientos fuertes. Basta mirar el proceso político en España para obtener un ejemplo. Las repúblicas que funcionan son las que logran que todos los grandes desacuerdos se tensen sin llegar a la violencia. Quien moviliza fuerzas políticas es también responsable por ellas. Hemos visto fallos en esa responsabilidad a ambos lados de este conflicto.

Novaro et al. hacen dos cosas en su artículo, la primera es comentar nuestra posición respecto del liberalismo y el conflicto del campo. En segundo lugar, de forma algo insólita, usan nuestro artículo –que lejos estaba de ser una defensa o análisis general de las políticas del gobierno de Kirchner– para hacer su catarsis contra las políticas de esta administración. Respecto del conflicto con el campo nos cuesta polemizar, puesto que el artículo de Novaro et al., sorprendentemente, avala en lo esencial nuestras posiciones: 1) el paro del campo fue, dicen, “excesivo y desestabilizador”; 2) sostienen que es inconsistente no criticar los bloqueos de ruta de productores rurales si antes se censuraron los piquetes de desocupados (como liberales, Novaro et al. creen que todo piquete es condenable, nosotros creemos que no todos los actores tienen la misma capacidad de defenderse en el mercado y, por lo tanto, no es lo mismo, desde un punto de vista normativo, un piquete de desocupados que uno de propietarios). Saludamos estas coincidencias, sólo que creemos que deberían haberse oído en forma más prominente desde los sectores liberal-democráticos en el momento de los hechos.

La objeción más preocupante que se hace a nuestro argumento es caracterizarlo como parte de un dispositivo ideológico, atribuido a este gobierno, consistente en “manipulaciones y falsaciones históricas” de las que está hecho el “discurso presidencial”. Varios de los cargos que los autores enumeran, como la “destrucción del sistema estadístico” o el negarle méritos en materia de derechos humanos a gobiernos anteriores (y otros, entre los que habría que agregar el vicio de gobernar desde un reducido grupo cerrado) son críticas con las que podemos coincidir. Lo que no es muy productivo es interpretar estos problemas como parte de ese todo ideológico inescindible y ominoso que propicia el uso de la fuerza en contra de las opiniones opositoras. Es cierto que el Gobierno manipula determinadas consignas ideológicas y que éstas, en ocasiones, le impiden ver lo que ocurre en la sociedad. Pero la mirada de Novaro et al. es que este gobierno está constituido por una concepción ideológica que lo define y predestina a la violencia. Esta visión es tan problemática como la que denuncian, pues están interpretando en cada acto que la profecía totalitaria se realiza. Sin embargo, el hecho evidente es que, a diferencia de los dos anteriores, este gobierno no ha causado muertos reprimiendo la protesta social.

Los autores sostienen que este gobierno dista de apoyarse en una alianza con sectores populares organizados y que está cerca de los grupos económicos “que financiaron su campaña”. Evidentemente, la estrategia kirchnerista de control de precios de los bienes-salario, como alimentos o combustibles, para satisfacer su base popular, lo lleva en ocasiones a estar más cerca de algunos sectores empresarios (generalmente concentrados) con los que puede negociar mejor precios finales. Esta estrategia (que afecta precio más que propiedad de los recursos, como más patentemente se ve en el caso de Repsol-YPF) tiene sus complejidades y elementos discutibles. Sin embargo, esa acusación –la de asociarse a los “grupos económicos”– es o inocente o maliciosa, por cuanto se la podría trasladar a todos los gobiernos desde la restauración democrática.

En segundo lugar, negar, como hacen Novaro et al. que el Gobierno tiene, a la vez, sectores populares organizados como parte importante de su coalición, tiene mucho de ideología y muy poco de análisis politológico: el gobierno de Kirchner consolidó a lo largo de su mandato una alianza con la CGT y con los movimientos sociales de tradición peronista (que van más allá de Luis D’Elía). Esa alianza con grupos populares organizados del sector formal y/o informal, que la ciencia política llamaría “intercambio político” (y que está presente, con distintas variantes, en otros gobiernos de centroizquierda o izquierda de la región, como el de Lula o Chávez), supuso beneficios para ambas partes, y puede gustar o no, pero es tan legítima como cualquier otro tipo de coalición política en una democracia. No está de más señalar que eso, la coalición con sectores populares organizados, fue un camino que el gobierno de la Alianza rechazó explícitamente (recordemos que algunos sindicatos y movimientos sociales cercanos al CTA y a la FTV inicialmente estuvieron en la órbita aliancista) en favor de una política mediática y de “ciudadanos”.

* Profesores de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).