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Indemnizado

“A mi marido el médico le dijo que se tiene que cuidar, pero cómo se va a cuidar si no tiene plata para los remedios.” Nélida González está al borde del llanto. Su esposo, Manuel Galeano, de 54 años, era obrero de Lever, hasta que en el ‘95 quedó cesante. Fueron previsores: “La platita de la indemnización la pusimos en un plazo fijo en dólares”, que vencía el 24 de diciembre.
En el ‘98, Galeano sufrió un infarto. Desde Florencio Varela, donde vive, lo llevaron hasta el Hospital Fiorito, donde lo atendieron y medicaron. “Toma tres remedios por día. En el mes se nos van casi cien pesos”, explicó la mujer. Hace unos quince días, Galeano tomó la última píldora y ahora conseguir los medicamentos es una odisea. “Con esa platita podíamos ir comprando remedios –asegura su esposa–. No tenemos obra social, a veces los conseguíamos en el hospital, pero ahora no tienen nada.” Galeano no tiene trabajo y su esposa tampoco: trabajó en un taller de costura, pero a los 46 años tiene su columna desviada y anda por el mundo con un corset ortopédico. “En el banco me dijeron que ellos no tenían la culpa, y que de los dólares me olvide.”

Portadores

“Si tengo un virus que muta cada 12 horas, yo no puedo estar esperando a que decidan qué es lo que van a hacer con nuestra plata dentro de dos años.” Carlos González, de 41 años, no es Carlos ni González, pero no quiso revelar su nombre ni el de su esposa, de 28, por cuestiones obvias: desde hace 9 años ambos son portadores de HIV. “Ella gana 480 pesos y yo estoy sin laburo. Los remedios que tenemos que tomar son carísimos, los conseguimos en la obra social con muchas dificultades. Ya son muchos problemas los que sufrimos nosotros para que ahora venga este palo. Vivimos con la esperanza de que algún día aparezca la vacuna que cure el sida. Pero esa vacuna no se va a hacer acá. La van a hacer en el exterior y va a costar muchos dólares.” La pareja tiene un plazo fijo en el BankBoston. El corralito hizo el resto.
“Nuestros tiempos no son los de los demás –agrega–, son diferentes. Podemos pelearle a la enfermedad, hacerle frente desde lo mental, lo físico. Pero te viene este palo del corralito que no tiene nada que ver, y nos da mucha bronca, mucha bronca.”

Oncológicos

Alicia Kuligowska tiene 78 años, y también quedó atrapada por el corralito. Llegó de Polonia, huyendo de la guerra, durante la que estuvo encerrada en un “campo de trabajos forzados”, como describió ella. “Llegué en el ‘48, cuando tenía 25 años.” Alicia vive sola, es viuda, y cobra jubilación y pensión. Entre las dos suman 360 pesos. “Durante toda mi vida fui ahorrando”, dice. Sus esfuerzos fueron depositados en plazos fijos del Banco Río y el Lloyds Bank. En 1959 le detectaron un cáncer de mama. Fue atendida e intervenida quirúrgicamente en el Instituto Roffo. Cuarenta años después, en el Hospital Italiano, le descubrieron metástasis en los huesos. “Yo no tengo tiempo para esperar hasta el dos mil y pico.” Los medicamentos que debe tomar Alicia “son carísimos. Uno solo cuesta casi 400 pesos, exactamente 384. Al precio viejo, porque cuando lo tenga que comprar de nuevo no se a cuánto va a estar. La jubilación y la pensión son lamentables, así que me ayudaba con los intereses que me daba el plazo fijo”. Hace unos pocos días, pidió amparo ante la Justicia. “Quiero sacar mi plata, son ahorros de toda mi vida. Me siento muy defraudada por el Estado.”

Para insulina

El caso de Carlos Irusta tiene sus bemoles. Ex empleado bancario, del Banco Tornquist para mayor exactitud, cobró su indemnización por retiro, indemnización que fue acreditada en sendas cuentas en el HSBC y el Sudameris, por 90 mil y 22 mil dólares, respectivamente. Además de sus ahorros, Irusta tiene una hija, Sonia, que padece de diabetes, es insulino dependiente. Los costos del tratamiento, el corralito de Cavallo, la pesificación de los ahorros y, especialmente la urgencia, llevaron a Irusta a consultar un abogado.
Ayer, tras presentar un pedido de amparo para liberar los fondos, su abogado, Alfredo Belasio, le informó a Irusta una buena noticia en medio de tanta malaria. La jueza Clara María Do Pico, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8, hizo lugar parcialmente al amparo: ordenó al Poder Ejecutivo que permita extraer “la suma de 10.000 dólares del plazo fijo correspondiente al Banco HSBC y de 5.000 de su caja de ahorros en el Sudameris”. “Sólo resta esperar –sostuvo Belasio–que el Poder Ejecutivo no utilice el per saltum contra este fallo humanitario.”

Producción: Horacio Cecchi.